La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Sagunt, María Giménez, justificó el cambio de gestión de los mesones del recinto ferial en las «irregularidades, tratos de favor, amenazas, pagos de mordidas...» que según la edila de ADN Morvedre han habido en anteriores años, según le transmitió a ella el colectivo de empresarios.
Giménez explicó que la «herencia» recibida en cuanto a la adjudicación de estos puestos no era la más adecuada y que por eso, decidió cambiarla para mejorarla.
Las palabras de la responsable de Fiestas provocaron la reacción de la concejala del PP, Laura Casans, quien pidió a Giménez que «vaya a los juzgados si está convencida o tienen indicios de que se haya cometido un delito» en este asunto.
Posteriormente, en declaraciones a Levante-EMV, la edila de Podemos aclaró que en ningún momento se refería al PP en sus acusaciones sino al ámbito de los mesoneros, tal y como a ella éstos le transmitieron, explicaba.
Queja de unos empresarios
Este acalorado encontronazo entre las dos concejalas de la corporación saguntina se producía después de que un colectivo de empresarios protestara en el pleno del martes por el nuevo modelo de licitación de puestos de comida que ha realizado el ayuntamiento dejando en manos de una sola empresa la gestión de la zona gastronómica dentro del recinto taurino. «No entendemos cómo se ha sacado una sola licitación para Sagunt y el Port impidiendo que los nueve puestos que se montan tengan la oportunidad de pujar», expresaba Ximo Tur.
Este joven empresario afirmaba que «durante los últimos años hemos estado montando, creemos que dando un buen servicio, además de trabajo», por lo que pedía explicaciones sobre el nuevo cambio.
Los mismos mesoneros dejaban entrever en sus argumentaciones que los usuarios de la zona no han quedado satisfechos. «La gente ha ido y no había nada», lamentando que se hubiera recortado la oferta de mesones y en definitiva del servicio al adjudicar éste a una sola empresa.
Una vez conocida la opinión del colectivo la edila de Fiestas se comprometió a estudiar el tema y se mostró dispuesta a cambiar el modelo de adjudicación si este no satisfacía, aunque insistió en el hecho de que su intención era mejorarlo e impedir quejas y prácticas que el mismo colectivo había criticado.
Desde el PP también se recordó a Giménez que en 2010 se pactó con los empresarios el modo de adjudicar los puestos llegando a un consenso y que no hubo ningún problema.
