La aprobación y posterior aplicación de la ordenanza de ocupación de dominio público, referida especialmente a las terrazas de bares y restaurantes, puede meter en un buen lío al Ayuntamiento de Sagunt. Así lo considera el portavoz de IP, Manuel González, que tilda la gestión del tripartito en torno a este asunto como «negligente» en una muestra de «falta de conocimiento y de saber», que ha desembocado en que «la situación de inseguridad jurídica haya empeorado en los últimos meses».
La principal preocupación del segregacionista se centra en un acuerdo de junta de gobierno de principios de agosto, cuando se notificó a una centenar de establecimientos la denegación del permiso de ocupación. Este punto se basaba en informes del secretario y la policía local en los que se señalaba, concretamente en este último, que «ninguna de las terrazas reúne la seguridad necesaria para el ejercicio de la actividad», según desvela González.
Casi mes y medio después de estas afirmaciones «de extrema gravedad» y sin que se haya ejecutado este acuerdo, aplicación que incluso se ha asegurado a los hosteleros que queda paralizada, el portavoz de IP asegura que «el equipo de gobierno no tiene margen de maniobra y deja al ayuntamiento en precario». Y es que, entiende el segregacionista que «antes de enviar esas notificaciones se debería haber buscado la fórmula para salvar cualquier de imprevisto si esas terrazas siguen abiertas».
Negligencia
González añade, señalando particularmente al alcalde, Quico Fernández, y a la concejala de Policía Local, Roser Maestro, que «se ha producido una negligencia, puesto que si hubiera cualquier tipo de desgracia, el problema de responsabilidad civil subsidiaria y, en su caso, penal recaería sobre el ayuntamiento y los componentes del equipo de gobierno».
«Esto no es más que una chapuza cuyas consecuencias pueden ser muy graves», añade el edil de IP, que insiste en el «auténtico desastre» que es el gobierno municipal. González va más allá y advierte que «si este asunto trae consecuencias para el ayuntamiento, seré el primero en acusar al alcalde de prevaricación por no cumplir con las obligaciones legales causadas tras una serie de decisiones que han complicado el futuro de la actividad hostelera en el municipio».
