El gobierno municipal de Sagunt ha desactivado el ultimátum lanzado a Lafarge por los supuestos incumplimientos de la empresa respecto a las obligaciones recogidas en el polémico convenio que une a ambas partes desde 2013. Fue tras la comisión paritaria celebrada ayer, en la que la cementera aportó «parte» de la información requerida para comprobar sus gestiones en la restauración de la cantera del Salt del Llop, la compra de parcelas para anexionarlas al paraje natural de Romeu y el convenio de responsabilidad social, que la empresa se comprometió a suscribir.
La concejala de Medio Ambiente de Sagunt, Teresa Garcia, explicaba a Levante-EMV tras esa comisión que «aportaron documentación, pero les pedimos que la ampliaran y quedaron en que lo harían el lunes». Además de descubrir ayer, según asegura la nacionalista, que Lafarge ya remitió un borrador del convenio sobre sus contribuciones a la mejora social, deportiva, cultural, económica y ambiental del municipio, la edila de Compromís explica que «nos pasaron un resumen de la planificación en la restauración de la cantera, pero les pedimos la documentación del seguimiento de Minas, porque es mucho más detallada». En cuanto a las parcelas que se deben adquirir para el paraje natural, Garcia señala que «los técnicos son los que tienen que analizar la información aportada».
No obstante, el proceso que barajaba iniciar el tripartito para rescindir el convenio con la firma por no haber facilitado la documentación requerida ha quedado aparcado y no se llevará al próximo pleno.
Lafarge pide más comisiones
Por su parte, Miguel Ángel Urbano, director de la planta de Lafarge en Sagunt, defendió la comisión de ayer como «el ámbito donde pedir las explicaciones sobre el convenio» entre ayuntamiento y cementera, al tiempo que solicitó que se cumpla el calendario de reuniones trimestrales.
Sobre la documentación aportada, Urbano insiste en que «ya se había entregado» y reitera que «como tienen constancia en Minas, las tareas de restauración se están cumpliendo puntualmente», mientras que sobre las parcelas «falta definir en cuales está interesado el ayuntamiento». Esta concreción también está pendiente en el convenio de responsabilidad civil, sobre el que la empresa sostiene que el consistorio ya cuenta con un borrador.
