El Ayuntamiento de Canet d' En Berenguer espera tener claro en unos meses cómo resolver varios proyectos urbanísticos de etapas anteriores que nunca llegaron a buen puerto. Expertos del despacho de abogados Broseta ya han iniciado la denominada «auditoría urbanística» que el consistorio acordó realizar para determinar en qué situación se encuentra cada expedientes, las posibles formas de actuar y las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.
La previsión inicial es que en dos meses tengan lista esa radiografía sobre tres zonas de la playa que presentan un estado de abandono desde hace tiempo, a pesar de que el consistorio aprobó varias iniciativas que luego ni siquiera se iniciaron o se quedaron a medias.
Una de ellas es el polígono 13 situado en el mismo acceso principal al paseo marítimo que nunca se llegó a urbanizar y ahora, en parte, es ocupado temporalmente por la feria.
La otra es el denominado polígono 20 situado donde estaba el antiguo camping; un lugar donde un agente urbanizador «ahora ilocalizable», según el gobierno local, tiene pendiente la construcción de una zona verde, otra deportiva y un aparcamiento subterráneo. La tercera es una parcela municipal situada junto al paseo marítimo que se cedió hace tiempo a un particular para usos hoteleros, pero que siempre ha estado vacía.
El edil de Urbanismo, el popular Jaime Llinares, admitía que la crisis económica explica en gran medida la situación actual de estas tres zonas y que, en ese sentido, los problemas a los que ahora se enfrenta Canet son similares a los de otras poblaciones donde el estallido de la burbuja inmobiliaria paralizó muchas iniciativas.
Sin embargo, consideraba que el caso canetero tiene varias particularidades que han hecho recurrir a un despacho de abogados para ver cómo actuar. Según apuntaba:«Aquí cada vez que abres una caja, falta documentación, o está doble, o ves contradicciones. Por ello, el despacho de Broseta va a tener un mes para aclarar el estado de cada caso y luego otro mes para pronunciarse sobre qué es mejor que puede hacer el ayuntamiento para dar una solución». A ello añadía las limitaciones del propio consistorio. «Aunque tenemos técnicos en el departamento de Urbanismo, necesitamos una valoración más jurídica sobre los riesgos a los que nos podemos enfrentar. Por eso hemos buscado un despacho de abogados pluridisciplinar, con expertos tanto en derecho urbanístico como administrativo», decía además de reconocer que ahora mismo el consistorio está en pleno proceso de adjudicar su servicio de asesoría jurídica.«Realmente, ha coincidido esto en el tiempo, pero teníamos claro que para los temas urbanísticos era necesario mayor especialización», añadía.
Apoyo de todos los grupos
Llinares destacaba en este sentido que «todos» los grupos municipal apoyaron en comisión que el ayuntamiento contratara de forma externa este trabajo y confiaba en que «si hay problemas para encontrar papeles, los concejales que aún siguen en el consistorio y han tenido responsabilidades de gobierno en etapas anteriores,colaboren», comentaba en una referencia velada a varios concejales que ahora están en la oposición y entre los que no faltan exediles de Urbanismo: Desde el exlíder del PP Carlos Sáez, que ahora integra Iniciativa Playa Canet, al nacionalista Ximo Pons, el ex edil del PSOE Joaquín Rambla que ahora encabeza la agrupación CANET o la concejala de EUPV María Amor Uviedo.
