18 de octubre de 2016
18.10.2016

El consistorio de Sagunt recurre el fallo que le obliga a pagar 1,2 millones

Sepides reclamaba 1,7 millones al consistorio en virtud de un acuerdo para financiar conjuntamente la instalación de tuberías de suministro industrial

18.10.2016 | 13:44
El consistorio de Sagunt recurre el fallo que le obliga a pagar 1,2 millones

El Ayuntamiento de Sagunt ha recurrido contra la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Valencia que le condena a pagar casi 1,2 millones de euros por una obra ejecutada para suministrar agua a varios polígonos industriales, incluido Parc Sagunt. La sociedad estatal que controla la mitad de este parque, Sepides, fue la que denunció al consistorio, después de que el gobierno municipal se negara a pagar una parte de esta actuación, tal y como se había acordado en un convenio suscrito entre ambas partes.

Y es que, según alega el ayuntamiento tanto en el primer procedimiento como en el recurso, la modificación del proyecto después de suscribirse ese acuerdo no fue aprobada por el consistorio y era perjudicial para sus intereses. Según esta teoría, los cambios en la obra redujeron la capacidad y la calidad de la instalación, además de que «dejaban de lado posibles incrementos en la demanda, así como futuras conexiones».

Por contra, Sepides, que elevaba su reclamación en sede judicial a poco menos de 1,7 millones, defiende que la suspensión inicial de la obra propició «para mejorar tanto la ejecución de la obra como su mantenimiento», que se decidiera a instalar dos tuberías en lugar de cuatro para conectar con los polígonos Camí La Mar 1 y 2, la Vallesa, la prolongación de Eucolsa y el propio Parc Sagunt. Sostiene, además, que se informó al ayuntamiento de esas modificaciones, así que era conocedor de las mismas no sólo a través de esta vía, sino por la presencia del alcalde en el consejo de administración del polígono industrial.

La empresa estatal argumenta de igual forma que «el fin con el que se firmó el convenio para suministrar agua a los polígonos se cumple», al tiempo que lamenta que «el ayuntamiento no dijo nada en contra del proyecto, incluso reconoció su idoneidad, hasta que le llegaron las primeras facturas». Esta teoría sostiene que «sólo con las obras ya en marcha, el consistorio presentó un informe desfavorable».

Cree Sepides que esta forma de actuar por parte del gobierno municipal de Sagunt «atenta contra los principios de la buena fe y la legítima confianza», ya que, pese a reconocer que, con las obras iniciadas, se presentó un informe de disconformidad, también señala que las actuaciones posteriores desde el ayuntamiento «generaron una apariencia de de conformidad».

Frente a todos estos argumentos, el juez concluye que «no es sostenible que la modificación del proyecto se adoptara unilateralmente, porque la dirección de obra que había contratado el ayuntamiento la propuso y ejecutó». Además «no pidió la suspensión de las obras o la resolución del convenio», aunque admite que «ambas partes debieron sentarse para pactar nuevas condiciones para el acuerdo.

Añade también la sentencia que «Parc Sagunt siguió adelante con la ejecución del proyecto modificado sin el consentimiento expreso del ayuntamiento», así que sobre la reclamación de Sepides decide aplicar un 20 % de descuento «por las expectativas parcialmente frustradas» del consistorio. Este extremo, sin embargo, no es suficiente para exonerar al consistorio de cualquier pago porque «no paralizó las obras ni alegó para que el convenio se dejara sin efecto».

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