Otra sentencia millonaria ha sacudido las arcas del Ayuntamiento de Sagunt, aunque en este caso con tiempo suficiente para amortiguar el golpe. Y es que el primer aviso de que debería pagar 1,9 millones de euros a Iberdrola por el soterramiento de las líneas de alta tensión que cruzan la unidad de ejecución número 4 del norte del Palancia lo recibió hace tres años, cuando el juzgado de la contencioso administrativo número 1 de Valencia determinó que el consistorio debía abonar las facturas correspondientes a la ejecución de esas obras de urbanización.
Ya el pasado verano, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana dio firmeza a ese fallo con la desestimación del recurso municipal y la consiguiente imposición de costas, que pueden alcanzar un máximo de 1.500 euros. En el tiempo transcurrido entre ambos pronunciamientos judiciales, la concejala de Hacienda, Teresa Garcia, explica a Levante-EMV que se ha ido haciendo frente a la deuda a través de compensaciones con la compañía eléctrica, mientras se realizan las gestiones para ejecutar al agente urbanizador y a su avalista.
De este modo, en el pleno de Sagunt de la semana pasada se dio carpetazo a este asunto con la aprobación por unanimidad de la modificación de créditos para abonar esos más de 1,9 millones de euros, lo que requirió reducir la cuantía de 26 partidas del presupuesto prorrogado.
En la comisión de Hacienda que trató este asunto, la oposición pidió consultar con los servicios jurídicos la posibilidad de imputar esta cantidad al agente urbanizador, uno de las argumentos que empleó la defensa municipal durante los juicios contra Iberdrola y que la Justicia desechó por entender que el soterramiento no estaba incluido en el programa de actuación integrado (PAI) del que fue adjudicatario Alser.
Subrogación del contrato
Y es que el contrato de estas obras fue adjudicado en 2004 a Isolux Wat y tres años después se subrogó a Iberdrola, al tiempo que se aprobó la modificación que fijaba el presupuesto en casi 3,1 millones de euros. Emitidas por la compañía eléctrica las certificaciones de obra, el ayuntamiento abonó la primera de 1,3 millones de euros, pero dejó pendientes 1,9 millones, bajo el argumento de que el convenio suscrito con Iberdrola para que la empresa se hiciera cargo del soterramiento contemplaba un gasto total de 1,8 millones. Ese acuerdo precisaba que las arcas municipales sólo se harían cargo del 10 % y el resto «se financiará con cargo a las cuotas urbanísticas de los restantes propietarios de la unidad de ejecución».
Frente a estas tesis, ambas sentencias esgrimen textos legales para defender que «la variación del tendido de una línea como consecuencia de planes aprobados por la administración comportará el pago del coste de dicha variación», cuestión que queda recogía tanto en el artículo 154 del Real Decreto 1955/2000 como en el artículo 58.2 de la ley del sector eléctrico 54/1997.
