Los cuatro activistas que bloquearon hace más de un año en el puerto de Sagunt el traslado de dos tanques que iban a participar en unas maniobras de la OTAN se enfrentan hoy al juicio en el que se les acusa de un delito leve de daños, según informan desde antimilitaristes-moc. Aunque la denuncia presentada por la Guardia Civil les imputaba también desobediencia y desórdenes públicos, los cargos se han reducido a la apertura de un hueco en la valla del recinto portuario para acceder, que los activistas sostienen que ya existía y detectaron por casualidad, así que, en caso de condena, los acusados se enfrentan a un multa que no dejaría huella en sus antecedentes penales.
Los hechos tuvieron lugar a mediados de octubre del año pasado, cuando media docena de personas accedió al puerto y se encadenó durante varias horas a dos tanques Leopard de nacionalidad danesa que se dirigían a la provincia de Albacete para participar en las maniobras Trident Juncture.
Según defendieron los activistas desde el primer momento, con esta acción querían «detener el flujo de material y personal de estos juegos de guerra para visibilizar el contraste entre la terrible situación de los refugiados de las guerras, que buscan protección y se encuentran con vallas, cuchillas y muerte en el mar, y la absoluta libertad de movimientos con que se desplazan los ejecutores de las guerras y su armamento, especialmente durante ejercicios militares».
Los primeras acusaciones de la Guardia Civil contra este grupo les enfrentaba a penas de varios años de cárcel y hasta 12.000 euros de multas, aunque, tras la «reducción de la respuesta penal» contra esta acción, antimilitaristes-moc considera que «la desobediencia civil puede ser una herramienta eficaz contra las leyes mordaza». En este sentido, los activistas aseguran que, en caso de condena, «podría tratarse de la primera aplicación en toda su amplitud de la reforma del Código Penal y la Ley de Protección Ciudadana».
Sin daños, tensiones ni peligro
Por contra, los acusados recuerdan que la acción se desarrolló «sin daños, tensiones o situaciones de peligro», ya que su movilización perseguía el objetivo de «contribuir a construir una cultura de paz basada en la cooperación, la justicia y la noviolencia, y no en la disuasión y la fuerza».
Después de más de un año de instrucción, el caso llega a sede judicial, donde todavía queda la posibilidad de que se aplace la resolución si el fiscal se muestra en desacuerdo con la calificación del juez y pide la suspensión de la vista.
De la conclusión de este proceso penal también están pendientes las cuatro multas de 601 euros impuestas por vía administrativa por la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana por infracciones graves a la Ley de Protección Ciudadana como consecuencia de la «intrusión en instalaciones donde se prestan servicios básicos para la comunidad, cuando se causa interferencia grave en su funcionamiento». Estas sanciones están suspendidas hasta que se emita un veredicto en el juicio penal.
