El portavoz de Ciudadanos en Sagunt, Raúl Castillo, ha acusado al gobierno municipal de «no mover ni un dedo» para buscar su apoyo a los presupuestos de 2017, que el tripartito trata de aprobar para dejar atrás las prórrogas de las cuentas de 2009. El edil comenta que su formación «se puso a disposición del gobierno para acercar posturas y, 20 días después, la respuesta de la delegada de Hacienda -Teresa Garcia- ha sido omitir la situación de Lafarge, no aceptar la reducción de liberados y asesores en los órganos de gobierno y no aceptar la reducción de un solo euro de los 73 millones de previsión de ingresos iniciales».

Esas fueron las condiciones que puso C's para negociar los presupuestos, que se topó, según Castillo, con la «falta de voluntad política para aprobar las cuentas municipales». Según el concejal, «da la impresión de que prefieren prorrogar un año más el presupuesto aprobado en 2009, antes que buscar puntos de encuentro en pro del interés general de nuestro municipio».

En ese sentido, el edil ha incidido en que «el techo de gasto fijado en las cuentas municipales se sitúa en 54 millones de euros. Más 3 millones de euros que recibimos del Estado y 7 millones de euros del préstamo formalizado para satisfacer fallos judiciales, situaría el importe total que nuestro equipo de gobierno podría gastar para no entrar en inestabilidad en 64 millones de euros».

Además, el concejal de la formación naranja destaca que «el tripartito se empecina en fijar la balanza de ingresos y gastos para el ejercicio 2017 en más de 73 millones de euros, pretendiendo, sin sonrojo alguno, hacerse valer de un "colchón" de 9 millones de euros que en teoría y según el informe de intervención no podrían gastar, pero al cual no piensan renunciar, porque les impediría hacer "sus políticas"», lo que a juicio de Castillo «se traduce en que les consintamos gastar el dinero que no tenemos, o sea, hacer un agujero en las arcas del ayuntamiento».

Para finalizar, el edil de C's ha manifestado que «de una vez por todas, los gobernantes locales tienen que ser capaces de entender que el dinero que administran es de todos los vecinos de la ciudad» y concluye «hay que desterrar para siempre de las mentes políticas paleolíticas que "el dinero público no es de nadie" y reivindicar que cada euro que ingresan o gastan tiene nombres y apellidos, el de los ciudadanos».