El Ayuntamiento de Sagunt ha solicitado a Conselleria de Medio Ambiente una nueva prórroga antes de dar luz verde a la continuidad de la cantera del Salt de Llop que ahora explota Lafarge y cuya concesión caduca a finales de este año.
El consistorio «se opone expresamente a la continuación de la tramitación del procedimiento de ocupación del monte y, en concreto, a la elaboración de una propuesta motivada del pliego de condiciones técnico-económicas, hasta que no sean resueltas expresamente y clarificadas las cuestiones previas de legalidad planteadas por el Ayuntamiento de Sagunto en sus alegaciones».
Así se recoge en el último informe redactado por el consistorio enviado a la Conselleria al que ha tenido acceso Levante-EMV y con el que se contesta al dictamen del pasado 16 de diciembre del instructor jefe de este expediente de Medio Ambiente en el que se aseguraba que la empresa estaba legitimada y amparada por la ley para seguir extrayendo caliza en la cantera Salt de Llop más allá del 2042, fecha en la que finalizaba sus derechos mineros.
La administración local pide más tiempo para resolver varias cuestiones legales, entre las que se encuentra el analizar si con la renovación de la ocupación de monte público solicitada por Lafarge, necesaria para seguir explotando la cantera de Romeu, y que caduca a finales de 2017, se supera el límite legal máximo de 75 años estipulado para la ocupación de un bien municipal de naturaleza demanial.
En este sentido, el ayuntamiento considera que sí se rebasa ese límite, en contra de lo que sostiene la Conselleria en su último dictamen.
Para justificar su posición, el consistorio saguntino explica que está tratando de recopilar información que demuestra que la ocupación de monte público de Romeu es anterior al año 1972, fecha de la que parte la Conselleria y a la que suma 75 años más para concluir que la empresa puede seguir explotando la cantera Salt de Llop hasta incluso 2047, aunque no sería el caso, ya que Minas solo le otorga el permiso hasta el año 2042.
La administración local habla de documentos que remontan esta ocupación a principios de los años cincuenta y no a partir del 1972. Además, el informe municipal denuncia que la cementera ha superado la cota establecida en el contrato de extracción secundado por ambas partes en 1988 e incluso en el de aprovechamiento extractivo de 1986, en el que se hablaba de cota de 160 metros y 150 en algunos puntos.
Según el consistorio «ahora se trabaja 15 metros más abajo de la cota fijada contractualmente», pero además, con el nuevo proyecto de ocupación se quiere llevar hasta los 110 metros, lo que supondría 40 metros más abajo, explica el informe.
Atendiendo a este criterio, Sagunt interpreta que lo solicitado por Lafarge no sería una prórroga de la concesión de ocupación actual, ya que se aportarían parámetros nuevos (como distinta cota), por lo que se trataría de «una nueva ocupación», que exigiría un procedimiento diferente. Sin embargo la conselleria difiere de que se haya sobrepasado la cota, como explicó el instructor de Medio Ambiente, que hablaba de respeto a los límites establecidos. Ante esto, Sagunt duda de la metodología utilizada para la medición de la cota y asegura en su informe que es «ilegal» que el instructor tome como «derecho definidor de la extracción de la empresa el Pla de Restauración Integral (PIR) cuando este derecho se define por la concesión demanial de la ocupación que se aprobó en 1988», lo que pone en cuestión el trabajo del instructor de la conselleria.
