El conflicto por la continuidad de Lafarge en Sagunt vivió ayer un intenso capítulo al conocerse la suspensión por un mes del procedimiento que se sigue en la Conselleria de Medio Ambiente para prorrogar la continuidad de la cementera en la cantera del Salt del Llop, al tiempo que el pleno se posicionaba a favor de que la multinacional siga con su actual explotación hasta 2027, con cinco años más para la restauración de la montaña de Romeu y tres de garantía.

Este gesto político, que necesitó un receso de casi una hora para alcanzarse de forma unánime, se basa en el principio de acuerdo alcanzado hace unos días entre la Generalitat, el ayuntamiento y la empresa, que todavía está a expensas de concretarse y que justifica, según la conselleria, la paralización del expediente con la esperanza de encontrar en los próximos días ese punto de encuentro.

La resolución del pleno estuvo precedida de varias fases de tensión durante una sesión en la que el salón de plenos se llenó, principalmente de trabajadores de la cementera. Sin derecho a hablar, como marca el reglamento para las convocatorias extraordinarias como la de ayer, el público aplaudió las intervenciones de la oposición que censuraban la «poca prisa» del consistorio con este expediente y abucheó los turnos de palabra del equipo de gobierno.

Insultos al alcalde

El que más reacciones despertó fue el alcalde, Quico Fernández, quien abrió la sesión pidiendo «cortesía», pero, cuando informó de la suspensión del procedimiento, que adelantó Levante-EMV en su edición digital, se encontró con gritos de «cínico» o «sinvergüenza». El nacionalista reaccionó ordenando la expulsión de un trabajador, lo que hizo aparecer a un agente de policía local, aunque los ánimos se calmaron y no tuvo que intervenir ni el empleado fue obligado a marcharse.

A partir del descanso que desembocó en el acuerdo unánime, el ambiente se relajó y sólo se produjo alguna interrupción a los portavoces de EU y Compromís. Desde esta última formación, la concejala de Medio Ambiente y diputada en las Corts, Teresa Garcia, destacó las concesiones que han hecho las partes para llegar al «inminente acuerdo», que en el caso de los nacionalistas es la apertura de una cantera en el Pinyal como alternativa dentro de una década al Salt del Llop, cuestión que implica «un desgaste político que tendremos que asumir».

Así, Garcia defendió la preocupación del gobierno municipal por el empleo de Lafarge, ya que «si nos diera igual, no sacrificaríamos el Pinyal», aseguró, al tiempo que celebró que «se haya puesto el cronómetro en marcha para la resolución del expediente» y que el acuerdo a tres bandas «evite la judicialización» del proceso.

Por su parte, Guillermo Sampedro (EU), recordó que la competencia para resolver la prórroga de Lafarge depende de la Generalitat y precisó que «lo que queremos es que este asunto se resuelva rápido, bien y legalmente». Pablo Abelleira (ADN Morvedre) y Francisco Crispín (PSPV) se posicionaron junto a sus compañeros de gobierno, mientras que la oposición fue la que se salió de este guión.

Sergio Muniesa (PP) lamentó que sólo tras la convocatoria del pleno forzada desde la oposición«se hayan sentado con el instructor» del expediente para la prórroga en Salt del Llop, donde los derechos de ocupación de la cementera se agotan a finales de año. El popular también acusó al gobierno local de utilizar políticamente el procedimiento y de sacarse «un conejo de la chistera» con la suspensión del expediente por un mes, cuando «no hay causa para demorarlo más».

Herramienta de presión

Mientras Raúl Castillo (C's) censuró las ganas del tripartito de «enredar» en esta cuestión, Manuel González (IP) fue el más beligerante en su intervención: «Estamos sin acuerdo cerrado a 9 meses de que se agote el permiso de ocupación, pero el ayuntamiento no tiene prisa, porque sabe que este expediente es una herramienta para presionar a Lafarge y que tenga que elegir entre ceder o cerrar».