Desde el inicio de la legislatura, en junio de 2015, si algo ha caracterizado a este equipo de gobierno, ha sido las ganas de hacer partícipe a las fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento de cualquier iniciativa que pueda redundar en un mejor bienestar de nuestros vecinos y vecinas.

Desde un principio, se le encargó al representante de Izquierda Unida, el tema de la participación ciudadana, por considerar fundamental este aspecto en la nueva política municipal. La dilación en la aprobación de normas que regularan dicha participación impidió la operatividad del consejo municipal, pero, desde que se solucionó el problema procedimental, han sido varias las reuniones que se han realizado y en ninguna de ellas se ha suscitado el problema del IBI como algo imprescindible, su revisión, para la gestión municipal. Quizá el no asistir a las reuniones del consejo impida palpar las inquietudes de los representantes vecinales.

Pero vayamos al tema concreto del IBI. En el año 1987 se realizó una revisión catastral, cuya implantación total finalizó en el 1997, que dio lugar a un valor medio de los inmuebles de Gilet de 29.744 euros, en el año 2011, pues desde 1997 hasta 2011 se fueron prorrogando los valores, con las subidas previstas en los presupuestos estatales, hasta la revisión que entró en vigor en enero de 2012. La alcaldesa del 2009 solicitó una nueva revisión catastral, ya que los valores medios referidos anteriormente le parecieron ridículos a toda la corporación, en la que ya estaba representada la fuerza política de Compromís. Durante dos años se realizaron los trabajos de revisión y en mayo de 2011 se comunica al ayuntamiento que ya se disponen de datos, que hacen que el valor medio de los inmuebles de Gilet pase a ser de 74.602 euros, cifra que a nadie de los que formábamos parte de la corporación nos pareció descabellada.

Tras las elecciones de 2011 se da a conocer la totalidad de la ponencia de valores, elaborada por el Centro de Gestión Catastral y es cuando se pone de manifiesto la gran diferencia de valoración entre algunas zonas de nuestro término municipal. Inmediatamente, el grupo socialista inicia una serie de gestiones para tratar de enmendar lo que creemos que se debía ajustar. Se solicitan reuniones de los concejales con los técnicos del Centro de Gestión Catastral, se le pide al alcalde que alegue en los periodos marcados por los anuncios oficiales, se presentan alegaciones, se recogen firmas, nos reunimos unilateralmente con el gerente del Catastro, convocamos con nuestras firmas un pleno extraordinario, pero todo es baldío ante el empecinamiento de la mayoría gobernante de seguir adelante con el proceso y dejarlo todo, como declaraba la concejala de Hacienda y el propio alcalde, a ir modificando el tipo de gravamen.

Después de todo este proceso, el grupo socialista intenta, tanto en 2011 como en 2012, modificar el tipo de gravamen, pero todos los informes del Ministerio de Hacienda y de la secretaría interventora nos instaban a esperar a la vigencia durante cinco años de los valores aprobados en 2011 y que entraron en vigor en 2012.

Pues bien, hace unos días que se han cumplido esos cinco años y es ahora cuando nos debemos de plantear qué hacer y cómo hacerlo. No son suficientes buenas intenciones. Si nos han elegido los ciudadanos y ciudadanas es para tomar decisiones con base legal y sin riesgos de recursos, que seguro que los habrá. No puede ser que existan zonas que se valoren a 537 euros el metro de solar y otras a 43, debe existir un término medio. Que nadie ponga en duda las intenciones del gobierno, que son las de favorecer en todo lo posible al bolsillo de sus contribuyentes.