La dirección de la planta cementera en Sagunt niega las acusaciones vertidas por el ayuntamiento sobre una posible infracción urbanística y asegura que no ha recibido todavía la resolución del expediente sancionador por la posible infracción cometida antes de julio de 2015.
Miguel Ángel Urbano explicaba a Levante-EMV que la empresa presentó un recurso de reposición con las alegaciones pertinentes donde «demostramos que no nos habíamos sobrepasado del perímetro autorizado». Para ello, la cementera aportó un informe topográfico «con el que dejamos constancia de que lo que se denunciaba por parte del ayuntamiento no era así» tomando como referencia los mojones del consistorio y de la conselleria (instrumento de medida), explicaba Urbano, quien añadía que en la documentación aportada por la empresa también quedaban claras las«discrepancias existentes entre el Catastro y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)».
El director de la fábrica de Sagunt también llega a insinuar que el departamento de topografía reconoció que los planos aportados por este área municipal para justificar la posible sanción no eran del todo fiables.
Por otro lado, Urbano asegura que la empresa no solicitó la licencia como recoge la ley, porque ya la tenía «al estar actuando dentro del perímetro autorizado que recoge la concesión de 1988» para explotar Salt del Llop.
El procedimiento administrativos sigue abierto y ahora habrá que esperar la respuesta del recurso de reposición interpuesto por la cementera aunque en caso de no hacerlo por parte de la administración local se entenderá como no aceptado, quedando abierta la vía judicial, que desde la empresa no se descarta en forma de contencioso administrativo.
Sin embargo, fuentes municipales han asegurado que se está trabajando con tal de dar una respuesta a la multinacional.
