La empresa Lafarge se enfrenta a una posible sanción por extraer áridos en Sagunt fuera del perímetro permitido en la concesión de 1988 para explotar la cantera del Salt de Llop en la montaña de Romeu. Así consta en el expediente abierto por el departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Sagunt, donde se considera que la cementera ha excavado sin permiso monte protegido colindante a su explotación; un extremo que la multinacional niega, como hizo constar en un recurso de reposición.
El consistorio, sin embargo, considera que la firma ha cometido una «infracción» calificada de «muy grave» en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (Lotup) y que puede ser objeto de una multa de más de 9.000.000 de euros, que es el coste de la restauración de la zona sobre la que se ha cometido la presunta infracción, si la empresa no la llevara a cabo.
En el expediente municipal por presunta infracción urbanística, que comenzó a tramitarse en verano de 2015 sin que hubiera trascendido, se asegura haber detectado la extracción de áridos en dos parcelas municipales fuera del perímetro calificado como de tolerancia extractiva. En una de ellas, se calcula que se ha sobrepasado el límite en 14.500 metros cuadrados y en otra, en 7.200 m2, lo que suman un total de 21.000 m2, en unas obras que según este informe «no son legalizables al estar en suelo no urbanizable protegido».
En cuanto al volumen de áridos extraídos, se estiman en 101.500 metros cúbicos en la primera parcela y 165.000 m3 en la segunda. Así, en total, se acusa a la empresa de haberse apropiado de un total de 266.500 m3 de caliza sin ninguna autorización para ello, extremo que la empresa niega.
El departamento municipal considera que la cementera ha vulnerado la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (Lotup) «incumpliendo las normas urbanísticas relativas al uso del suelo» y en concreto, el artículo 213 que considera «la obligatoriedad de la obtención de licencia» para extraer caliza en un suelo protegido, sin que ésto se haya producido, tal y como se denuncia en el expediente.
Pese a que éste exigía a la cementera la restauración de la legalidad urbanística que, según la Lotup, consiste en «devolver a los terrenos su estado anterior», desde el consistorio se asegura que este trámite de reconstrucción no se ha llevado a cabo por parte de Lafarge pese a casi los dos años que lleva abierto el expediente y la paralización de estas obras por parte del ayuntamiento, tal y como apuntan desde el gobierno local.
Coste de restauración
En cuanto el coste de la restauración, el expediente valora el mismo en 9.331.057 euros; una cantidad que estima el vallado cinegético, el relleno de tierra vegetal y la plantación de arbolado y arbustos autóctonos, entre otros aspectos. Además, el documento también hace una evaluación económica de las obras «objeto de infracción», que calcula en 2.366.760 euros, donde se recoge el costo de conceptos como el talado de arbolado, desbroce de terrenos y retirada de tierra vegetal, excavaciones en cielo abierto en roca mediante voladuras, además de honorarios.
