La sombra del exsecretario de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, en el ayuntamiento en el que trabajó durante décadas va perdiendo fuerza, casi dos años después de su detención e ingreso en prisión provisional por la conocida como trama de las asesorías, en la que supuestamente Canet estaba directamente vinculado al afectar tanto a su consultoría jurídica, entre otras, que supuestamente controlaba el exsecretario de Canet a través de empresas suyas que no fueron sometidas a concursos de adjudicación. Tras su reciente condena a dos años de cárcel por pagar 8.500 euros a la exalcaldesa de la Pobla de Farnals para que contratara sus servicios en el consistorio de l'Horta Nord, el ayuntamiento de Canet sigue iniciando nuevas etapas en la contratación de servicios.
En lo relativo a la recaudación, todavía está en el tránsito a la era postSancho, ya que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) obligó al consistorio a repetir el procedimiento por un problema con las bases. Este mismo organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública dio hace unos días su luz verde a la adjudicación aprobada por el ayuntamiento para la asesoría legal, al desestimar la apelación presentada por una de las cuatro empresas que presentaron sus ofertas para quedarse con este contrato, presupuestado para los dos años en casi 220.000 euros.
J&A Garrigues fue la que recurrió contra de la concesión del servicio a Olleros Abogados, en un procedimiento que se puso en marcha en agosto, se adjudicó a principios de noviembre, se paralizó a mediados de diciembre y hace unos días se cerró definitivamente con la resolución del TARC.
El recurso se fundamentó en la interpretación de la cláusula del pliego de condiciones que se refería al valor añadido que reportaría la presencia de letrados en las dependencias municipales en horario matinal, a la que se daría tres puntos por día hasta un máximo de 15. En su escrito, Garrigues señaló que la interpretación del ayuntamiento en la fase de baremación fue «forzada, sobrepasando su tenor literal», al entender que no hacía falta especificar el lapso temporal de esa presencia, de tal modo que su oferta sólo recibió 3 puntos por esta cuestión, al ofrecer cinco días al mes, y las otras dos llegaron a los 15, por comprometerse a tener letrados en el ayuntamiento los cinco días de la semana. Esta diferencia fue clave para que Olleros superara a Garrigues en la baremación.
Poca expresividad, no oscuridad
Tras el recurso, el tribunal centró la cuestión en si había existido «oscuridad» en la redacción de los pliegos, cuestión que rechazó porque las tres ofertas estudiadas utilizaron el mismo modelo, consistente en señalar los días a la semana que prestarían servicio presencial. Así, el TARC precisó que las condiciones del concurso «evidentemente si eran poco expresivas», pero rechazó que esta circunstancia obligara a repetir el procedimiento, más si cabe cuando ninguna de las empresas, que son «profesionales del derecho habituadas a la interpretación de cláusulas contractuales», alegó previamente en contra de este punto del pliego de condiciones.
De esta forma y no sin antes reflejar que «añoró» durante la instrucción de este expediente una explicación por parte del ayuntamiento, el tribunal desestimó íntegramente el recurso de Garrigues y levantó la suspensión de la adjudicación a favor de Olleros Abogados, que se comprometió a realizar el servicio por poco más de 70.000 euros al año. Otras condiciones de su oferta son la disposición de 16 abogados especializados en derecho administrativo, laboral, procesal, fiscal, económico y contable, así como la remisión de un informe mensual sobre los encargos formulados y el calendario procesal. En cuanto a las mejoras, la empresa también prestará asesoramiento en asuntos contractuales.
