El Juzgado de Instrucción Número cuatro de Sagunt ha sobreseído provisionalmente la causa abierta contra el alcalde de Gilet, Salva Costa (PSPV), por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
La magistrada entiende que «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, procediéndose al archivo de las actuaciones», recoge el auto, que deja abierta la puerta a la impugnación mediante un recurso , que no se ha interpuesto.
Los hechos se remontan a la anterior legislatura cuando el ayuntamiento, al frente del cual se encontraba Juan Carlos Vera (PP), decidió denunciar al actual alcalde por entender que hubo un posible trato de favor hacia una empresa y una posible malversación de caudales públicos por una gestión llevada a cabo en la legislatura anterior cuando Costa era concejal de Urbanismo.
El origen de la denuncia fue la adecuación de la parcela donde se prevé ubicar el futuro colegio de Gilet. Para ello se llevaron a cabo excavaciones a manos de una empresa que, a cambio de estos trabajos, se quedó con la tierra extraída, que utilizó para otro proyecto. Según se denunció en aquel momento, el coste de estas tierras era superior a la actuación, llegándose a cifrar éste en 90.000 euros, dinero que según el denunciante no constó nunca en las cuentas municipales.
Sobre este asunto, Costa siempre sostuvo que se firmó un acuerdo entre la empresa y el ayuntamiento para secundar esta operación y que estaba todo claro. «Como dije y mantengo, no teníamos nada que ocultar y era todo correcto». El alcalde considera que todo fue una maniobra para conseguir su desgaste de cara a su posible candidatura a la alcaldía. «Siempre he estado tranquilo en este tema y ahora el auto ratifica lo que he sostenido desde el principio. Estoy contento», decía.
Ésta es la última denuncia que quedaba por dictaminarse contra el alcalde, ahora ya todas archivadas. En otra anterior se le lanzaba la misma acusación por aparecer como titular en una de las cuentas donde se ingresaban las cuotas de los vecinos de las fiestas patronales; en este caso «no hay indicios de delito», recogió el auto.
