La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, Matilde Sabater, ha hallado indicios de delito en una operación que hizo en 2011 desde su empresa privada el que fuera concejal de Hacienda y teniente de alcalde de Canet d' En Berenguer durante el pasado mandato, el popular Carlos Julián.
En lo que ya es una de las piezas separadas de la denominada «trama de las asesorías», se considera que Julián pudo incurrir en delitos de estafa, falsedad en documento oficial y privado, así como blanqueo de capitales. Todo ello, junto a su esposa y al exsecretario del Ayuntamiento de Canet d' En Berenguer, José Antonio Sancho; el exfuncionario condenado a dos años de prisión por cohecho, al igual que la exalcaldesa de la Pobla de Farnals, Natividad García, y que llegó a estar seis meses en prisión provisional al ser considerado como uno de los cabecillas de un «entramado» de empresas que, en teoría, prestaba servicios a numerosos ayuntamientos y entidades públicas pero que, según los investigadores, hinchaba facturas o cobraba por trabajos no realizados.
En este caso, las sospechas se centran en una subvención de la Junta de Andalucía que logró en noviembre de 2010 la «Asociación Pangea Arco Mediterráneo», destinada a fomentar la integración de los inmigrantes. La petición de ayuda llegó firmada por José Antonio Sancho, en calidad de representante legal, asegurando que los recursos humanos de la entidad eran 21 personas y que el material se utilizaría para beneficiar a los integrantes en territorio andaluz. Finalmente, la Junta concedió 23.369,54 euros para la renovación de equipos informáticas y conservación de la sede. Fue meses después, en abril de 2011, cuando la empresa admnistrada entonces por el exconcejal facturó varios elementos informáticos a la entidad.
Sin embargo, la juez sospecha que esa factura fue emitida «al objeto de dar cobertura y justificar la subvención sin que obedeciese a ninguna realidad y con la única finalidad de revertir el dinero al señor Sancho Sempere», entre otras cosas, porque cuando en noviembre de 2011 finalizó el contrato de alquiler de la sede de la asociación en Valencia capital, todo el material informático que existía allí se trasladó a un local del consistorio de Canet, que presidía en ese momento el Consorcio Pangea. Y, según se explica en el auto al que ha tenido acceso Levante-EMV, el material existente allí cuando la Guardia Civil lo registró en junio de 2015 no coincidía con el relacionado en la factura emitida por la firma del exedil.
Transferencia cuestionada
A ello añade que «de hecho, el 20 de mayo de 2011, se produjo una transferencia de 16.359 euros» desde la empresa del exedil a otra que tenía como administrador y socio único a Sancho desde noviembre de 2012 «desconociéndose a qué obedece la misma», añadía en el auto.
Tras las investigaciones realizadas por la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Guardia Civil, los informes aportados por la Junta de Andalucía y pruebas periciales, la juez ha acordado tramitar unas diligencias previas tendentes a determinar si, finalmente, se opta por el sobreseimiento o la apertura del juicio oral, a la vista de los informes que presenten tanto el Ministerio Fiscal como las partes implicadas.
No obstante, a preguntas de este diario, el exconcejal aseguraba sentirse «tranquilo» porque «tengo todas las pruebas de que desde su empresa se actuó correctamente». Además, afirmó «confiar en la Justicia».
