Los arrestados están acusados de un delito de malversación de fondos públicos y, por ello, fueron citados en la comisaría de Sagunt. Aunque acudieron acompañados de abogados, todos se negaron a declarar ante la policía y «rápidamente fueron puestos en libertad», como apuntaba a Levante-EMV el propio concejal socialista Francisco Crispín, tras rechazar que hubiera delitos y considerar que su arresto respondía a una «vendetta política» .

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sagunt coordinó esta operación que se centra en el área municipal de Actividades. En concreto, investiga al exjefe del Servicio de la Inspección Técnica de Actividades y ahora concejal socialista, así como a cuatro técnicos de este departamento por el presunto uso irregular que durante varios años habrían dado a la partida de 300 euros que anualmente perciben para renovar su uniforme laboral.

La operación policial ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Delitos Económicos (UDEF) de la Policía Nacional y se centra en averiguar si los cinco funcionarios destinaron el dinero público percibido entre 2007 y 2014 a compras en tiendas de mujer, de bebé, establecimientos deportivos y armerías.

La existencia de una asignación municipal para la compra de ropa de calle de algunos funcionarios, a modo de uniforme, ya fue revelada hace dos años por los miembros de Intersindical-STA en el ayuntamiento, que entonces cuestionaron que la medida no se hubiera tratado en la mesa de negociación, ni hubiera facturas detalladas. Ahora bien, en ningún momento hubo sospechas entonces de que los fondos gastados en dos tiendas de ropa y otra de deportes no se destinaran a ese fin.

Los arrestados quedaron citados para declarar el jueves ante la jueza en calidad de investigados, según informó ayer el Tri bunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

La causa se abrió como una pieza separada de la «Operación Flotador», que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos en varias áreas del consistorio saguntino y en la concesión de licencias urbanísticas.

La operación se inició en agosto de 2015 por cohecho y prevaricación a partir de una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.

En ella se investiga el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-14, periodos en los que fue alcalde Alfredo Castelló, actual diputado del PP en las Cortes Valencianas.

En la pieza principal de la «Operación Flotador», el Juzgado investiga a 12 personas físicas (concejales y exconcejales) y 6 personas jurídicas, que son empresas beneficiarias de las adjudicaciones presuntamente irregulares. Las diligencias, declaradas secretas, se centran en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público. Se investiga también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública.

Además de la principal, la causa consta de dos piezas separadas, que también están bajo secreto de sumario: una que derivó en los arrestos de ayer y otra sobre supuestas irregularidades en la concesión de licencias en el área de Urbanismo, en la que hay tres investigados por prevaricación y tráfico de influencias.

«Convencido de su inocencia»

Tras conocerse los arrestos, el alcalde de Sagunt, el nacionalista Quico Fernández, manifestó «su apoyo a todos los trabajadores del ayuntamiento», dijo estar «convencido de su inocencia» y esperar que «los hechos sean aclarados y todo quede en un malentendido. La actividad municipal es muy complicada en muchas ocasiones y, espero que no deje de ser un malentendido», dijo sin hacer referencia a que el PSPV forma parte del gobierno local junto a su partido, Compromís, EU y ADN Morvedre, si bien el portavoz socialista no llegó a integrarse en la junta de gobierno local, ni asumió delegaciones.