Estima que «se dañó su imagen, que se violó su presunción de inocencia» y, en definitiva, hubo «un funcionamiento anormal de la administración de Justicia» tras ser detenido dentro del «Caso Avialsa» que luego ha derivado en la «trama del fuego». Por ello, el exalcalde de Quartell, Francisco Huguet (PP), está a la espera de que finalmente el Ministerio de Justicia acepte su demanda y le indemnice con 40.000 euros, sea cual sea el resultado de todo el procedimiento judicial que derivó en su arresto y donde sólo un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía le atribuye el cobro de más de 800.000 en comisiones ilegales.
La abogada del exalcalde, Ana Roselló, confirmaba a Levante-EMV que espera que «en breve» el Ministerio de Justicia se pronuncie sobre esta reclamación presentada hace alrededor de un año y la estime al menos «en parte», como según El País, ya ha hecho el Consejo del Poder Judicial. En su demanda, sostiene que la administración debía haber evitado que Huguet viera «dañada su imagen» al ser fotografiado mientras llegaba esposado al Juzgado número 1 de Sagunt en un coche policial y por las filtraciones a la prensa de un caso que está bajo secreto de sumario
De estos dos argumentos, el primero ya ha convencido al Consejo del Poder Judicial, aunque no el segundo, según El País, al apuntar que la policía judicial no respetó un «protocolo» y ello «propició» que los medios de comunicación fotografiaran a Huguet cuando llegó al juzgado esposado. Esta situación, según indican, debió ser evitada por la policía y el juzgado para proteger la intimidad de Huguet; si bien se descarta la responsabilidad del juzgado en las filtraciones del sumario.
La abogada de Huguet, no obstante, mantenía ayer la prudencia y declinaba hacer cualquier valoración «hasta tener una resolución oficial del ministerio, que es el que decide».
El exalcalde fue más reservado y eludió incluso confirmar que hubiera presentado esa reclamación. «Sin comentarios», dijo a preguntas de este diario.
Huguet, como publicó Levante-EMV, siempre consideró un duro golpe a su imagen pública su arresto el 29 de mayo de 2015 en el marco de la misma operación en la que fue arrestado el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, así como el exteniente de alcalde de Quartell, Emilio Máñez.
La referencia al «daño» que había sufrido su imagen fue una de las pocas declaraciones que hizo Huguet ese mismo día ante los medios de comunicación, poco después de que el juez le dejara en libertad sin fianza. «Nadie nos la va lavar», dijo entonces el hombre de confianza en El Camp de Morvedre del exconseller Serafín Castellano, que durante años presidió el PP comarcal.
El que fuera también vicepresidente tercero de la Diputación de Valencia y máximo responsable de la Federación Valenciana de Municipios y provincias (FVMP) centró en gran parte un informe de la UDEF que estima en 325.998,90 ? euros el capital procedente «de actos de corrupción» que «de una u otra forma» Huguet integró en su patrimonio personal y el de sus familiares más directos.
A ello añaden las «presuntas percepciones relacionadas con Francisco Huguet y blanqueo de capitales asociado», una cifra que estiman en 507.405,03 euros a partir de «plusvalías ocultadas, transformadas e integradas en los circuitos económico financieros cuyo origen no estaría en la economía legal», según un documento al que tuvo acceso este diario. Unos asuntos que continúa investigándose tanto en el Juzgado de Instrucción número 2 y en la Fiscalía Anticorrupción.
