El Ayuntamiento de Gilet solicitará más tiempo para poder ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo de 2015, que le exige el pago de 572.000 euros más intereses de demora al propietario de una parcela expropiada hace casi una década.
Según el alcalde de la localidad; Salva Costa (PSPV), «se está en conversaciones con el juez para intentar demorar el plazo de pago, entre otras cuestiones», un margen que expira el próximo 3 de mayo, según el último requerimiento de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ.
De momento, el ayuntamiento tan solo cuenta con el aval depositado por el agente urbanizador Planeamientos y Actuaciones del Turia SL encargado del desarrollo del PAI del sector 6, que asciende a 345.000 euros, por lo que necesitará algo más de 400.000 euros para poder saldar la deuda con el particular.
Además de tratar de ganar tiempo, el mandatario de Gilet, también quiere reunirse con el juez para acordar y estudiar alternativas en la forma de pago y conocer de primera mano las responsabilidades en este asunto, explicaba a este medio.
Desde el consistorio se sigue manteniendo que es el agente urbanizador el que debe ejecutar esta deuda al no haber cumplido con sus obligaciones e insisten en que el ayuntamiento tiene «una responsabilidad subsidiaria», matizaba Costa.
Además de señalar a la mercantil como la principal responsable de esta situación, el alcalde también critica la actuación de la administración local en los últimos años. «El ayuntamiento ha sido totalmente inoperante en este tema. En cuatro años no se ha tomado ninguna decisión, lo único que se ha hecho es mirar hacia otro lado». Contra a estas actitudes, que lamentaba, añadía; «nosotros hemos cogido el toro por los cuernos y vamos a hacer todo lo posible por resolver este tema y desde luego, no miraremos hacia otro lado»
Sin embargo, cabe recordar que este tema ha estado encima de la mesa tanto con los gobierno populares somo con los socialistas durante un década.
El ayuntamiento de Gilet se enfrenta al pago de una sentencia de 750.000 euros, cantidad que ya contempla los intereses de demora que ascienden a 180.000 euros.
De momento, la administración local cuenta con 345.000 euros del aval y la cantidad restante se la han requerido al agente urbanizador tal y como aprobó el pleno a principios de semana. En ese requerimiento el ayuntamiento le da a la mercantil un plazo de diez días para que ejecute la sentencia y abone la cantidad exigida, de no ser así el consistorio resolverá el contrato de adjudicación del PAI del sector 6 y al cobro mediante «un procedimiento de apremio», tal y como recoge el acuerdo plenario al que ha tenido acceso Levante-EMV. Tampoco descarta el mandatario que se pudieran emprender acciones legales contra la mercantil. «En estos momentos yo no descarto nada».
Por parte del afectado, que perdió la propiedad del suelo cuando se llevó a cabo el acto de ocupación y que hoy en día sigue sin percibir el coste de la expropiación de sus terrenos, de algo mas de 17.000 metros cuadrados, solo se espera que se cumpla la sentencia en los plazos que se han señalado. Según su defensa, «lo sucedido es inaudito, ya que este ayuntamiento ha ido al ritmo que ha marcado el agente urbanizador».
