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Opinión

La verdad es sucia

La agrupación EUPV de Gilet no entiende por qué desde el equipo de gobierno en el último pleno utilizó como táctica en cada punto que tratábamos la acusación de que estábamos realizando «política sucia». ¿Será porque decimos la verdad? Es importante elevar el lenguaje y no denostar la actividad política, porque estamos en un proceso de restitución de confianzas entre las personas y la actividad en las instituciones, así como la utilidad de ésta para entregarles a nuestros ciudadanos las mejores condiciones de vida.

Por lo que en el primer punto del pleno «ratificación de la urgencia», todos los grupos de la oposición, EUPV, Compromís y PP, votamos no a la urgencia en el pleno aplazado por los siguientes motivos: No somos culpables de que el alcalde proceda al incumplimiento «reiterativo» del acuerdo que se tomó al inicio de esta legislatura de «celebrar sesión ordinaria de Pleno todos los meses», recordando que en 2016 no se celebraron plenos en Gilet en junio, julio, septiembre ni noviembre, convocando extraordinarios y urgentes (en agosto, octubre, y dos en diciembre) y en 2017 continúa la misma forma de proceder, no se celebró pleno en febrero y extraordinarios en marzo y abril, para evitar comisiones informativas, mociones y que los ciudadanos intervengan en ruegos y preguntas.

Por otra parte aunque en la comisión informativa del 10 de abril se nos aclararon algunos aspectos del orden del día, incomprensiblemente al coincidir con las fiestas de Pascua, en la convocatoria de la sesión extraordinaria y urgente del Pleno el martes 18 de abril, no se nos proporcionó los documentos e informaciones necesarias para poder hacer efectivo el control sobre la actuación del equipo de gobierno.

En el segundo punto, «acuerdo relativo a la amortización de cinco puestos de trabajo», teniendo en cuenta que se había reunido la mesa general de negociación integrada por representantes del ayuntamiento junto a CC OO y UGT, los días 6 y 10 abril sin haber obtenido ningún acuerdo ni resultado alguno, y que esta amortización supone una reducción de plantilla del 22 %. Es por lo que planteamos que se podían amortizarse solo dos, ya que el coste según el presupuesto de tres puestos (peón, limpieza y policía) supondría unos 53.000 euros y si se ha presupuestado entre fiestas y cultura 108.000 euros, que si los restamos quedarían para dichas actividades lúdicas 53.000 euros que sería más que suficiente.

Estos motivos y la defensa del derecho de los trabajadores el respeto a los derechos laborales y no a la pérdida y destrucción de empleo público, es la razón por la que EUPV tenemos grandes dudas de las consecuencias de estas amortizaciones, y no queremos que una mala decisión la pague el pueblo, no estamos por derroches, despilfarros, discriminaciones ni persecuciones. Por lo que los gestores de este municipio tienen que hacer mejor su trabajo, puesto que la administración local se ha gastado el dinero público en subsanar y arreglar la mala gestión de los recursos humanos y la planificación municipal, y se debe evitar que siga aumentando la gran deuda que incomprensiblemente padece nuestro pueblo.

En la aprobación del presupuesto, no se nos entregó el borrador a los concejales de la oposición con el tiempo suficiente, no se convocó la comisión informativa para emitir el dictamen para que el alcalde convocara un pleno extraordinario con un plazo mínimo de dos días, desde que el expediente completo está listo y a disposición de todos los concejales. Por lo que los concejales de la oposición no pudimos ejercer el derecho que según el art. 128 de la norma valenciana, de nuestra labor fiscalizadora y de control, debemos tener acceso a la documentación íntegra de todos los asuntos incluidos en el orden del día los libros de Registro de contratos, de Registro de facturas, etc. Y por otra parte no estamos de acuerdo con la cantidad desproporcionada de 108.000 euros en fiestas y cultura, con la deuda tan inmensa que tenemos. Por lo que votamos en contra EUPV y Compromís.

En el punto «ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo de 2015», por coherencia y defensa de los intereses del pueblo se votó a favor por unanimidad para poder ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo de 2015, que le exige el pago de 572.000 euros más intereses de demora.

Todo el pueblo sabe que no somos nosotros los que hacemos una «política sucia», sino que serán otros los que la hacen a sabiendas, con el único objetivo de dañar a los demás sin importar cual sea el medio utilizado. Para ello se atraviesan las fronteras de la ética (incumplimiento el pacto antitransfuguismo?.), de la dignidad, y del decoro.

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