Un empresario saguntino de 55 años ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Mérida a seis meses de prisión por un delito de falsedad documental relacionado con un caso de corrupción en el ayuntamiento de la capital extremeña. Su tarea consistió, según declara probado la sentencia, en falsificar facturas de más de 210.000 euros para que reflejaran en su concepto la reparación de una docena de camiones, cuando en realidad era el pago convenido con una trabajadora municipal en contraprestación por la información que condujo a un pelotazo urbanístico en un polígono industrial.
Todo empezó hace más de una década, cuando la directora de Industria y Comercio del Ayuntamiento de Mérida notificó a una empresa portuguesa dedicada a la fabricación de plástico que las parcelas que poseía en el parque industrial serían expropiadas si no iniciaba las construcciones programadas. Esta firma se encontraba en una situación «delicada desde el punto de vista económico», recoge la sentencia, lo que «podía conllevar a una venta apresurada, aún a riesgo de ver el posible precio disminuido».
Con la «exclusividad» en la información de este expediente, la funcionaria municipal se la trasladó a un empresario para que adquiriera las parcelas «por debajo de mercado», una oferta que la mercantil portuguesa tendría «necesidad acuciante» de aceptar. El plan se completaba con la reventa de los terrenos industriales «a un precio notoriamente mayor al desembolsado» y el pago a la directora de Industria de un 50 % de la plusvalía a cambio de la información, según el fallo de la Audiencia Provincial de Mérida.
Esta trama corrupta se puso en marcha cuando la empresa portuguesa vendió sus parcelas por 1,7 millones de euros al cómplice de la funcionaria, a través de una firma dedicada al transporte de mercancías que, apenas cinco meses después, traspasó la propiedad a una mercantil de albañilería por 4,6 millones de euros. La revalorización del terreno fue del 272 %.
En ese punto es cuando entró en escena el empresario de Sagunt, que, según ha podido saber Levante-EMV, lleva cerca de 30 años sin actividad económica en la ciudad, después de que emigrara a tierras andaluzas. En la época de los hechos juzgados, era apoderado de una firma sevillana dedicada a la fabricación de maquinaria industrial, que fue utilizada para abonar la comisión comprometida por la operación urbanística. Así, «para justificar contablemente los pagos a realizar», esta mercantil giró facturas «por conceptos inexistentes» a la empresa que compró y vendió las parcelas, «siendo el objetivo ocultar el verdadero origen de las cantidades».
Compra de un inmueble
Con esta fórmula se hicieron entrega a la funcionaria municipal a través del empresario saguntino de algo más de 210.000 euros, camuflados en unas supuestas reparaciones a 12 camiones, que «ni se realizaron ni se podrían realizar, por cuanto la empresa no tenía ni siquiera un camión en propiedad». Ese dinero fue utilizado por la directora de Industria del Ayuntamiento de Mérida, según considera también probada la sentencia, para adquirir un inmueble en Sevilla.
Durante el juicio, celebrado hace unas semanas, los acusados reconocieron los hechos, entre los que la funcionaria fue condenada a nueve meses de prisión por blanqueo de dinero, tres años y medio de inhabilitación por negociaciones prohibidas a funcionarios y una multa de 220.000 euros, además del pago de una indemnización de 50.000 euros a la empresa portuguesa que era propietaria original de las parcelas.
Como «cooperador necesario», el empresario que adquirió y revendió los terrenos ha sido condenado a seis meses de prisión y una multa de 220.000 euros, mientras que al saguntino le han correspondido cinco meses de cárcel.
