El Ayuntamiento de Sagunt no está dispuesto a dejar correr la «ruina» en la que se ha convertido la fuente de la rotonda de la avenida País València, dedicada a las víctimas del terrorismo. Seis años han pasado desde su inauguración tras una inversión de 350.000 euros y el gobierno municipal sigue adelante con el expediente de responsabilidad por vicios ocultos, que señala, como informó en su día Levante-EMV, a cuatro posibles responsables de los desperfectos que presenta esta infraestructura desde su primer día de funcionamiento.

Las novedades en este procedimiento son dos. Primero, que el consistorio ha notificado la caducidad del expediente de responsabilidad al haber transcurrido el plazo legal, aunque, a continuación, ha incoado otro para determinar a los posibles culpables, quienes, como segundo avance en esta investigación, ya han presentado sus alegaciones contra la decisión municipal de señalarles como «responsables de forma subsidiaria», al menos hasta que se depure la incidencia de cada uno.

En esta nómina de sospechosos se encuentran Proemisa, la empresa encargada de la construcción de la fuente; la arquitecta y concejala de Cs, Blanca Peris, como autora del proyecto y directora facultativa de la actuación; Manuel Lluesma, quien dirigió y fue coordinador de la seguridad durante la ejecución; así como Aigües de Sagunt, como responsable del mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas del municipio. Y todos ellos han coincidido en culpar a los otros de los «vicios ruinógenos ocultos» en la fuente en memoria de las víctimas del terrorismo.

La primera en alegar fue la empresa que gestiona el agua, que considera que el ayuntamiento «solo puede exigir responsabilidad al ejecutor de la obra y técnicos intervinientes», conclusión que «no admite critica alguna».

Añade entre sus argumentos que «el contratista responde de los daños y perjuicios durante 15 años a contar desde la recepción por vicios ocultos aparecidos», aunque también señala que «el mantenimiento de fuentes no está en el contrato del socio privado de Aigües de Sagunt» y «cualquier modificación, requiere un acuerdo plenario y la restauración del equilibrio económico». En este caso no se han dado ninguno de los dos, porque las únicas comunicaciones «fueron de órganos no competentes que informaban de la finalizaciones de las obras para su mantenimiento»..

La tercera alegación de la empresa de mayoría municipal señala que «ni podíamos ni debíamos recepcionar la actuación con vicios ocultos».

Un día después, la constructora fue la que remitió su escrito en el que defiende que fue «meramente» adjudicataria del contrato. Proemisa recuerda que «el ayuntamiento, con los oportunos vistos buenos de sus técnicos, firmó el acta de recepción el 28 de febrero de 2011 y realizamos el mantenimiento hasta ese mismo día de 2012». Además, la empresa añade que «no hubo reparos por la dirección de obra y contribuimos con la mejora de la impermeabilización de la fuente a requerimiento de subsanación de 2 de octubre del 2013, con un coste total de 15.906 euros, por acabar con este expediente y que se nos devolviera la garantía, cosa que no se ha procedido».

Después de esta defensa, la constructora señala al que considera principal motivo del problema: «Existe una situación absolutamente anómala y es que, desde que Proemisa dejó su mantenimiento, esta instalación no contó con ningún tipo de tareas de conservación por parte de empresa habilitada al efecto, que según los datos que conocemos, debía ser Aigües de Sagunt. Este hecho -añade- determina el no poder especular sobre ninguna teoría jurídica de vicio oculto».

Por último, ya que Lluesma no presentó alegaciones, Blanca Peris también muestra su rechazo a «cualquier imputación» e incluso cree que «el informe sobre las patologías de la fuente, elaborado por el ingeniero técnico industrial, constituye causa de exoneración al referirse a impericias o malas prácticas constructivas, así como a mala calidad de los materiales» como causantes de los problemas. La arquitecta precisa sobre el origen de las deficiencias que se debió a «una acción externa durante la construcción, debido a la falta de protección de una tubería de plástico o a un deficiente ajuste en el proceso de montaje».

La concejala de Cs concluye que «el proyecto de la fuente es totalmente correcto y superó todos los controles administrativos e inspecciones pertinentes».

Tras este trámite, el procedimiento marca que debe ser el alcalde de Sagunt el que resuelva el expediente para determinar la responsabilidad, que agotaría la vía administrativa y dejaría abierta la judicial.