Urbanismo considera que Lafarge ha cometido un "incumplimiento muy grave"

Con la prórroga de la concesión, que se agota en diciembre de este año, todavía pendiente del dictamen autonómico, el consistorio inició hace unas semanas un expediente para determinar el grado de incumplimiento por parte de la cementera y las inspecciones de los técnicos de Urbanismo han confirmado, según fuentes municipales, la extracción de áridos por debajo de la cota de los 160 y los 150 metros en determinados puntos, donde no está autorizado.

Frente a estas acusaciones, Lafarge contraatacó con alegaciones que advertían de la "responsabilidad penal respecto a las decisiones que se pudieran tomar desde el ayuntamiento", un extremo que el consistorio ha descartado gracias a un informe de su asesoría jurídica externa. "Esta apreciación de la empresa carece de fundamento jurídico -apunta la concejala de Medio Ambiente de Sagunt, Teresa Garcia- ya que el ayuntamiento está defendiendo su patrimonio, que es público, está ejerciendo sus obligaciones y sólo está exigiendo a una concesionaria de un propiedad municipal que cumpla con las condiciones de esa concesión que se ha detectado que no se cumplen".

El rechazo a las alegaciones ha sido presentado esta mañana en la comisión de seguimiento del convenio entre Lafarge y el Ayuntamiento de Sagunt, que ha vuelto a ser convocada el próximo lunes para presentarlo el día siguiente en el pleno, cuyo orden del día ya refleja como punto 9 de Patrimonio: "Exp. 327/86 PT. Determinació del grau d´incompliment en la concessió demanial del Salt del Llop".

En este mismo expediente se insta a la multinacional al "estricto cumplimiento de la concesión", lo que implicaría que la cementera se abstenga de forma inmediata de seguir con la actividad minera por debajo de la cota 160 o 150 metros, según el caso. "En cualquier caso, la empresa podrá seguir desarrollando labores extractivas por encima de esas cotas allí donde el límite máximo no se haya sobrepasado".

Además, la propuesta desde Urbanismo es que Lafarge aporte, en el plazo máximo de un mes, la documentación pertinente y la acreditación del estricto cumplimiento de los mandatos municipales. Además, señala que para la fase de reversión del bien y de liquidación de la concesión prevista para diciembre del 2017, deberá cumplir los compromisos de cotas mínimas fijados en el acuerdo de adjudicación en todo el espacio catalogado como monte de utilidad pública".

Garcia añade que "teníamos la posibilidad de resolver el contrato o de dar permiso para la extracción en los lugares donde todo está en regla y hemos elegido esta segunda, que permite la continuación de la actividad. Se demontan así los falsos argumentos en cuanto a intereses que pueda tener el ayuntamiento, ya que hay que destacar que el expediente ha sido, técnicamente, impecable, y el equipo de gobierno, únicamente, se ha limitado a aplicar la ley"

La también diputada autonómica insiste en que "esperamos que la cementera acate estas irregularidades que hemos detectado, que las repare y las subsane, y que trabaje en la restauración del bien que tiene que abandonar en las mismas condiciones en las que le fue concedido".