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La defensora del pueblo denuncia a Gilet por dos agujeros en una fachada

Remite el caso a la Fiscalía porque el consistorio no respondió los requerimientos durante 525 días

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La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha llevado a la Fiscalía General del Estado la «actitud entorpecedora» del Ayuntamiento de Gilet. La institución denuncia «la falta de respuesta y no reparación de los daños ocasionados en una fachada» al colocar una señal de tráfico «hace 525 días». Se trata concretamente de una placa que prohíbe el paso en la calle José Melchor.

Becerril explica que al consistorio giletano se le llegaron a enviar tres requerimientos, que a día de hoy no han obtenido respuesta. Respecto a los daños, este medio ha podido comprobar que se trata de dos agujeros realizados en la fachada de un inmueble particular, que no han sido reparados desde que se instaló la señal de tráfico en 2015, durante el mandato del anterior gobierno municipal.

El que fuera alcalde en aquel momento, el popular Juan Carlos Vera (PP), en declaraciones a Levante-EMV reconoce que el vecino propietario de la vivienda se había quejado en varias ocasiones de la instalación de la señal y de los daños que había generado en su pared, ya que en un principo se iba a colocar de una determinada manera y luego se puso de otra dejando la marca de la anterior ubicación. No obstante, el exalcalde insiste en que dio personalmente la orden para que la fachada se reparara, afirmaba.

Pese a recordar las quejas vecinales, asegura no tener conocimiento de ningún requerimiento por parte del defensor del pueblo en aquel momento. «Desde luego a mí no me llegó». Vera no daba crédito de la denuncia a la Fiscalía, calificándola de «despropósito. Es algo exagerado; no creo que una señal de tráfico haya generado tanto daño para que se lleve a un ayuntamiento a la Fiscalía. Si fuera así, la señal ya no estaría allí», declaraba.

Esta denuncia también viene motivada por la falta de respuesta a los requerimientos del defensor del pueblo y, a este respecto, Becerril afirma que «detrás de cada queja hay una persona que tiene derechos y que debe obtener una respuesta». Recuerda también que «todas las administraciones tienen la obligación de responder y colaborar con la institución y remitirle la información solicitada».

20 entidades más a Fiscalía

Además de Gilet, Becerril ha llevado a la Fiscalía a otras 20 entidades, de las que 19 son ayuntamientos, por el mismo motivo, «actitud entorpecedora», aunque el único valenciano de la lista en este caso es el consistorio de Gilet.

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