El futuro de Lafarge en Sagunt se coló una vez más en el pleno municipal, después de que el cuatripartito presentara el dictamen para subsanar las deficiencias señaladas por la Conselleria de Medio Ambiente en el expediente iniciado por el consistorio hace unos meses para la delimitación del paraje natural de la Montaña de Romeu.

Y es que, aunque la concejala de Presidencia, Teresa Garcia, aseguró que se trataba de un trámite en el que no cabía «crear dudas y sesgos», el portavoz popular, Sergio Muniesa, alertó de que «no es el mejor momento de tratar este asunto, porque la solicitud excluye los usos extractivos sobre los que ya tiene derechos una empresa, así que podría desembocar en una indemnización milmillonaria».

Se refería el edil del PP a la concesión minera que Lafarge tiene hasta 2042, aunque Garcia puntualizó que «esos derechos no pueden materializarse si urbanísticamente no se ajustan a la legalidad». Esa matización no impidió a Muniesa insistir en que «el ayuntamiento puede tener que afrontar responsabilidades económicas por lucro cesante y daño emergente, si el cuatripartito sigue su cruzada contra la empresa».

Esta referencia no gustó a Compromís y provocó réplicas tanto de la propia Garcia como del alcalde, Quico Fernández, quien apuntó que «en el gobierno municipal no tenemos Dios ni señor, así que no hacemos cruzadas».

Gestión del paraje natural

Sobre el fondo del punto, que recibió luz verde del gobierno y el rechazo de la oposición, el cuatripartito consideró subsanada la reclamación de Medio Ambiente en la que pedía al consistorio que expusiera los mecanismos de gestión del futuro paraje natural. En la respuesta municipal se detalla que el ayuntamiento será el encargado de la administración de este espacio con la cooperación de la conselleria, al tiempo que se compromete a la elaboración de una ordenanza de gestión del parque en un plazo de dos años desde la declaración del paraje, así como a la creación de un consejo de participación con cabida para particulares, entidades y organizaciones e intereses sociales y económicos afectados.