Una sentencia de la sala contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha condenado al Ayuntamiento de Gilet a realizar varias actuaciones en bienes públicos de la urbanización La Paz. La inversión necesaria ronda el millón de euros, cuantía que la administración local «no puede destinar a estas obras», según ha adelantando a Levante-EMV el alcalde de la localidad, Salva Costa, quien ha confirmado la interposición de un recurso de casación en el Tribunal Supremo.
El fallo llega después de la denuncia de la comunidad de propietarios, que fue rechazada en primera instancia por el juzgado de lo contencioso administrativo. Sin embargo, el último pronunciamiento recoge los argumentos de los propietarios de la urbanización La Paz e insta al ayuntamiento a «la reposición de tapas de registro, rejillas de imbornales y reparación de los tramos de vial que presenten agujeros y discontinuidades de firme».
A estas actuaciones, el TSJ añade «establecer un correcto vallado de las parcelas que contienen obras inacabadas, limpieza de imbornales permitiendo un adecuado drenaje de las aguas, así como la reparación de calles o tramos de calles que presentan un deterioro muy acusado», señalando los tramos finales de las avenidas Santo Espíritu y Palancia y el acceso a la urbanización por la avenida de la Pinada.
Otra de las actuaciones que exige al consistorio es «la reposición de bordillos de aceras y la ejecución de tramos de acera inacabados», además de la «reposición de elementos de mobiliario urbano que faltan o se encuentran deteriorados (señalización vertical de tráfico, rótulos de calles etc).»
Los vecinos presentaron esta denuncia en 2012 durante el gobierno del PP, Urbanizaciones Gilet (AUG) y Amb Trellat, momento en el que presentaron al ayuntamiento diferentes escritos sobre «el pésimo estado en el que se encontraba la urbanización, con falta de mantenimiento de los bienes de titularidad pública».
La falta de soluciones llevó a los afectados a iniciar un contencioso administrativo contra la «inactividad» de la administración, demanda que primero fue rechazada y posteriormente atendida. Durante el proceso sí quedó demostrado, a través de informes del ingeniero técnico del consistorio, que éste solicitó a la diputación que se incluyeran las obras en el Plan Provincial de Obras y Servicios para 2013, tal y como reza la sentencia, aunque a día de hoy no están ejecutadas.
El fallo otorga un plazo de cuatro meses al consistorio para presentar un proyecto que abarque las obras a realizar y el plan para su ejecución.
