El Ayuntamiento de Quartell va a esperar a recibir el beneplácito de un organismo oficial para encargar un informe a un abogado experto en urbanismo que pueda analizar la situación municipal.
Esta contratación había sido recomendada al gobierno local desde la Diputación de Valencia cuando éste le planteó ciertas dudas urbanísticas. Se trata de un contrato menor de unos 7.500 euros más IVA. Sin embargo, el secretario interventor del ayuntamiento, Jesús A. Gómez Asencio, emitió dos informes contrarios con unos argumentos con los que discrepa el alcalde, Pere Campos. Por ello, este último planteó la cuestión en el pleno ordinario y propuso consultar a un órgano superior, con tal de que éste determine si es viable encargar ese informe o no.
Como planteó el alcalde en el pleno, sus dudas iniciales surgieron sobre tres zonas de la localidad: El Sector B, la urbanización del sector donde se construyó en su día la piscina municipal y la Ronda Nord, todas ellas impulsadas bajo el anterior mandato del PP.
Según el informe de alcaldía, «la complejidad de diversas situaciones urbanísticas así como el hecho que varios documentos estén siendo analizados por la Justicia, es bajo nuestro punto de vista motivo más que suficiente para intentar esclarecer la situación urbanística de Quartell y garantizar el bienestar de todos y cada uno de los vecinos de nuestro municipio», decía, contrarrestando la apreciación del secretario de falta de motivación para la contratación de un experto en la materia y aludiendo de forma velada a las investigaciones judiciales que hay en marcha, dentro de una de las piezas separadas del caso Avialsa.
El contrato por prestación de servicios sobre la legalidad en actuaciones urbanísticas no está, según el secretario municipal, suficientemente motivada. El técnico justificó también esa postura sobre fundamentos económicos; un aspecto que, según el informe de alcaldía, se resolvió finalmente tras cerrar la amortización del crédito que sostenía el consistorio. «Tras observar las indicaciones del técnico municipal, decidimos saldar el préstamo y con ello el consistorio no se ve limitado ante la realización de ninguna acción. Se trata de una contratación de 7.500 euros más IVA destinados a pagar los honorarios del abogado que informaría y estudiaría la situación actual de las unidades urbanísticas desarrolladas en la localidad», afirmó el alcalde.
Campos defendió así hacer una consulta «al órgano de control competente de la administración que tenga atribuida la tutela finaciera de las entidades locales» para así resolver la discrepancia.
Esta postura fue apoyada por Quartell pel Canvi y EU, al creer que la medida es ante todo la búsqueda de una garantía para evitar males mayores en la localidad.
El PP se abstuvo
Ante el informe negativo del secretario, el PP se abstuvo en la votación y no quiso implicarse en la decisión de solicitar este informe a la entidad jurídica pertinente. «Por supuesto que si el secretario ha observado la improcedencia en el caso no vamos a dudar de ello», afirmaba Iván Villalba.
En el turno de palabras, aunque tanto el PP como el secretario interventor abandonaron una vez más la sala, desde el público asistente se aplaudió la medida tomada por el gobierno con la intención de clarificar aspectos clave de la situación urbanística de Quartell.
