«Constituye una infracción muy grave en materia de gestión presupuestaria con las responsabilidades a que pueda dar lugar (administrativas o incluso penales o civiles, patrimoniales o de cualquier otra índole) derivadas de la misma y señaladas, entre otras, en el artículo 30 de la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno». Así de categórico se muestra el interventor municipal del Ayuntamiento de Sagunt en su informe contrario al suplemento de crédito para repartir los fondos procedentes de las últimas ayudas de la Generalitat y la Diputación de València, que ascienden a 566.000 euros.
Ese dictamen no frenó al cuatripartito, que aprobó esta operación financiera, que persigue «mejorar los servicios para el ciudadano, pese al riesgo que pueda exisitir de incumplir la ley de estabilidad presupuestaria», según defendió el concejal de Hacienda, Pepe Gil.
Desde la oposición, Raúl Castillo (Cs) fue el que desveló ese informe, después de admitir que estaba de acuerdo con el fondo. En cualquier caso, el edil no dudó en relacionar este tema con el punto anterior de Lafarge, en el que Compromís reclamó al resto de grupos que rechazaran las condiciones fijadas por Medio Ambiente para la continuidad de la cementera sobre las base de los informes contrarios de los técnicos municipales.
«La diferencia -apuntó Castillo- es que, con el tema de Lafarge, el ayuntamiento es solo informante, mientras que en esta modificación de créditos es directamente responsable en una cuestión de dinero público». En esta línea también se expresó el portavoz del PP, Sergio Muniesa, quien reclamó sin éxito la retirada del punto.
Por su parte, Gil puntualizó que en el caso de la cementera «la postura contraria a nuestros técnicos favorece a una empresa y, con el suplemento de crédito, los beneficiados son los ciudadanos».
Los motivos del interventor para rechazar este acuerdo son varios. El primero que recoge su informe es que la ley obliga a que una operación de este tipo se realice tras acreditar que los ingresos presupuestados se están efectuando normalmente, algo que no ocurre en Sagunt, donde «el estado de ejecución demuestra que los ingresos reales no son superiores a las previsiones e incluso se prevén ingresos cuyas ordenanzas a fecha presente no han sido aprobadas».
Otra causa de su informe desfavorable fue la ley de estabilidad presupuestaria, que todavía obliga a que la recaudación por encima de lo previsto se destine a reducir la deuda. Además, el interventor alerta del riesgo de incumplir el límite de gasto no financiero fijado en 58,4 millones de euros.
