El asunto contó con los votos en contra de Compromís y PP, estos últimos miembros del equipo de gobierno anterior junto con AUG y Amb Trellat, quienes llevaron ante la Fiscalía Provincial el caso, que acabó con la interposición de una querella por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
La postura de Compromís y PP votando en contra, provocó la reacción del histórico militante socialista, Pepe Cataluña, que desde el público asistente al pleno quiso expresar «el calvario» por el que han pasado estas tres personas, pues además de aludir al daño moral que les ha hecho el caso, cifró en 12.000 euros el coste de su defensa, informó en la sesión.
El asunto se trató de urgencia fuera del orden del día del pleno tras el requerimiento recibido del Juzgado de Instrucción número 4 de Sagunt en el que se solicitaba al consistorio su pronunciamiento sobre el sobreseimiento del caso, que se dictó de forma provisional en marzo de 2015. Tal y co- mo explicó la secretaria en la sesión, la instancia judicial pedía que el ayuntamiento le informara sobre si recurría o no, y que en el caso de no hacerlo, el juzgado lo haría de oficio sobreseyendo definitivamente el caso.
La propuesta del gobierno local fue la de desistir del recuso contra el sobreseimiento, que finalmente acabó aprobándose, cerrando así al caso después de cinco años de litigio.
El alcalde se basó en el informe del fiscal para defender la postura del gobierno local, en el que se deja claro que no «existen motivos suficientes para imputar como responsables de los hechos» a los dos exalcaldes y al exsecretario aunque sí que considera que sus conductas pudieran ser «merecedoras de reproche, si bien éste no es de naturaleza penal, sino administrativa o civil», palabras que se recogen en el auto de sobreseimiento provisional de marzo de 2015.
Sin embargo, desde el PP consideran que «el proceso debe seguir» y pese a la postura del fiscal son partidario de que la causa continúe hasta la celebración del juicio.
Hogar del Jubilado
Los hechos que se han investigado se remontan a 2013 cuando el gobierno anterior llevó hasta la Fiscalía la elevación a escritura pública por parte del ayuntamiento (durante el mandato socialista con Borrell como alcaldesa) del contrato de compraventa de una finca destinada a ser Hogar del Jubilado que, a pesar de que se dijo que se compraba libre de cargas, estaba gravada con un hipoteca de 123.000 euros. Iniciadas las diligencias de investigación y remitida la querella al juzgado número 4, éste en marzo de 2015, dicta un auto de sobreseimiento provisional, advieriendo que los hechos «no entran dentro del tipo penal del artículo 404 del Código Penal».
En el auto también queda acreditado que el exalcalde Campos, que era asesor de la alcaldía, anticipó de su patrimonio 59.000 euros para adecuar y equipar el hogar del jubilado, y que aunque reconoce que la operación se realizó con «irregularidades administrativas, no compete al derecho penal».
