La resolución aprobada por la Conselleria de Medio Ambiente que permitirá a Lafarge explotar otros 18 más su cantera en Sagunt «es un gigante con pies de barro», en opinión de Compromís per Sagunt y de su diputada autonómica Teresa Garcia, quien rechazaba totalmente la medida y añadía en un comunicado: «Es un castillo de naipes a la medida de la empresa que introduce inseguridad jurídica en la continuidad de la explotación de la cantera».

Garcia agregaba que «los trajes a medida no acaban bien en los juzgados» e insistía en las tesis que ha mantenido su partido en el consistorio. «Este permiso culmina una serie de tramitaciones en Conselleria que comenzaron en 2012 con un permiso de explotación que adolece de las mismas irregularidades que el actual de ocupación, las cuales por fortuna, el ayuntamiento ha podido demostrar durante la tramitación del actual expediente. Las infracciones urbanísticas y de contrato, no pueden obviarse, ni en el permiso de explotación, ni en el de ocupación, tal y como ha ocurrido», dice.

A ello sumaba una crítica directa a los gestores de Medio Ambiente donde, justo su partido, dirige el área que ha dado el permiso. «Podemos entender que el PP mirara hacia otro lado en 2012 en la Dirección General de Minas, lo que no entendemos es cómo la Conselleria de Medio Ambiente, pudiendo corregir y enmendar los aspectos legales que el ayuntamiento denunció, finalmente y después de todo el esfuerzo por intentar encajar legalmente el permiso, haya optado por un colaboracionismo que le puede ocasionar problemas en la vía judicial. Si el permiso se anula, deberá ser responsable de lo que ha firmado», apunta.

La ejecutiva de los nacionalistas en Sagunt tratará este asunto el próximo lunes y valorará unirse «al más que probable recurso vecinal, pues considera que se ha vulnerado la legalidad, se ha menoscabado el trabajo de los técnicos del ayuntamiento y se han pasado por alto las necesidades vecinales, que deberán soportar las molestias de una actividad extractiva 30 años más», decía además de precisar que dará ese paso «porque entiende que es su obligación proteger, respetar y garantizar la conservación de los bienes públicos naturales, y porque a los vecinos no se les puede dejar de lado».