Los planes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para combatir la sequía con la desalinizadora de Sagunt han encontrado respuesta en el ayuntamiento de la capital de El Camp de Morvedre. Ha sido su alcalde, Quico Fernández (Compromís), quien ha marcado una serie de condiciones para dar uso a la planta impulsada por Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y acabada desde hace más de dos años tras una inversión de 40 millones de euros, casi 17 procedentes de fondos europeos, pero cuyas conexiones ejecutadas limitan el alcance de su agua a la comarca.
Y es que las condiciones establecidas en su momento por la empresa estatal y el consistorio saguntino obligan a este último a hacerse cargo de la amortización y mantenimiento de las instalaciones, según una tabla recogida en el convenio de 2007 que fijaba un pago mínimo de 1,5 millones al año, aunque la desalinizadora no produjera ni un litro de agua. Este compromiso otorga al consistorio la condición de «usuario único», según se han encargado de remarcar en varias ocasiones desde Acuamed, así que es la hacienda local la que debe dar el permiso para añadir nuevos clientes.
«Desde hace tiempo estamos pidiendo que la desaladora se integre en el sistema de la cuenca del Júcar para que todos los beneficiarios paguen la construcción y mantenimiento de la planta», asegura el alcalde de Sagunt, quien añade que «desde el Ministerio de Medio Ambiente y Acuamed ya han asumido que las condiciones del convenio no tienen sentido». Sin embargo, ese posicionamiento no ha venido acompañado de una modificación del acuerdo, que el pleno de Sagunt ya reclamó por unanimidad en 2013.
Esta carga al ayuntamiento contrasta con que «no necesitamos agua de la desaladora, porque tenemos por ley la concesión de un metro cúbico por segundo del trasvase Júcar-Túria, un derecho que se remonta a la reconversión industrial al que nunca vamos a renunciar», apunta el alcalde .
En cualquier caso, Fernández admite que es «paradójico» e incluso un «sinsentido» que «en un momento como el actual, con zonas que lo pasan mal por la sequía extrema, tengamos una desaladora lista pero sin funcionar». El nacionalista abre una puerta a que «si el agua del trasvase no es suficiente para abastecer a Sagunt , se pueden adoptar medidas puntuales, pero es el Estado el que tiene competencias para hacerlo sin que suponga ningún sobrecoste para el ayuntamiento».
En esta línea, el alcalde señala que la capital comarcal tiene «una gran ventaja, que es que tenemos recursos que nos garantizan no tener déficit de agua para vecinos y empresas».
