El convenio urbanístico suscrito hace más de una década para el desarrollo del polígono XX de Canet d'En Berenguer, terreno de casi 31.000 m2 ocupado en el núcleo de la playa por el antiguo camping, todavía trae de cabeza al ayuntamiento hasta el punto de estar en plenas negociaciones con el agente urbanizador para resolverlo o regularizarlo. Así lo asegura el concejal de Urbanismo, Jaime Llinares, quien admite que aquel acuerdo, suscrito con Enrique Altabella en la alcaldía y José Antonio Sancho Sempere en la secretaría municipal, es «un despropósito».
El popular también lo califica como «convenio de barra de bar», ya que «no se hizo la tramitación administrativa pertinente», o, al menos, la documentación no está, además de que «no exigía ningún aval al agente urbanizador, ni contemplaba una plazo máximo para su desarrollo. Era un cheque en blanco». Desde entonces, el promotor construyó dos edificios de apartamentos turísticos, pero no llegó a ejecutar otros tres, uno de ellos un hotel, ni el parque, la zona deportiva y el aparcamiento subterráneo valorados en 4 millones de euros, a los que se comprometió tras un aumento de más de 4.600 m2/t en la volumetría.
Estos extremos quedaron recogidos en la auditoría urbanística encargada por el gobierno de Leandro Benito, que, según el concejal de la agrupación Canet, Joaquín Rambla, revela «extrañas actuaciones», «irregularidades» y «posibles ilegalidades». Entre ellas destaca la falta de documentación, que «no es normal, al tratarse de la última intervención urbanística», así que Rambla se pregunta si «¿no podría ser que alguna persona interesada la haya hecho desaparecer para que no se llegue al final de la investigación?».
El edil también señala entre «lo más grave» de este asunto que el consistorio concediera las cédulas de habitabilidad, cuando el convenio -que tampoco pasó por el preceptivo filtro de la Generalitat- recogía como condición previa que se ejecutaran todas las obras contempladas. En este punto, Llinares asegura que el aumento en la volumetría no se consumió, de ahí que justifique que no se invirtieran los 4 millones en equipamiento público.
Rambla, que también cuestiona la decisión de no computar como aprovechamiento las terrazas cubiertas ni los porches en la planta baja, critica al actual gobierno municipal por «pretender cerrar la auditoría urbanística sin llegar al fondo de la cuestión, como si no hubiera pasado nada». Llinares, por su parte, niega que el caso se vaya a dejar correr, de ahí que se negocie con el agente urbanizador.
Colaboradores y permisivos
El concejal de la agrupación Canet señala como gran responsable de estas «posibles negligencias» al exsecretario, condenado por corrupción y pendiente todavía de juicio en otro caso que ya le hizo pasar por prisión preventiva. Rambla lamenta «el enorme daño» que Sancho Sempere hizo en Canet, de cuyo ayuntamiento era «secretario, interventor, tesorero, abogado y asesor urbanístico. Él era quien marcaba las pautas del cortijo, pero había gente que colaboraba o permitía sus manipulaciones, como los técnicos, funcionarios, concejales y alcaldes, que deben asumir su responsabilidad», dice.
Dos años y medio después de que Sancho dejara el consistorio, Rambla lamenta que «van saliendo casos en los que su mala gestión -por Sancho Sempere- supone un gasto enorme para las arcas municipales, que al final tenemos que pagar todos los vecinos de Canet». Así y para que «el fin del sanchismo sea una realidad», el edil pedirá en el pleno que se habilite un partida dedicada a «estudiar jurídicamente todos los temas con participación del exsecretario para reclamarle los daños ocasionados y también poder pedir responsabilidades a quienes fueron permisivos».
Entre el legado de Sancho Sempere, Rambla señala «facturas extrañas pendientes de pago, actuaciones de mal asesoramiento en temas urbanísticos, mala interpretación en la exigencia de los avales que garanticen contratos o adjudicaciones, etc». Sobre esta cuestión, el edil de Urbanismo apunta que «lo que pide la moción es que actuemos frente a las ilegalidades y eso es lo que siempre hace el ayuntamiento. No hace falta aprobar una propuesta para que nuestros asesores jurídicos determinen las responsabilidades, porque ya lo hacen».
