El Ayuntamiento de Sagunt será en los próximos días concesionario del fortín del Grau Vell, su patio y el almacén norte, después de que el cuatripartito aceptara las condiciones dictadas desde la Demarcación de Costas en València.

La oposición no se mostró tan convencida de esta estrategia, que obliga al consistorio a restaurar y adaptar el complejo defensivo del siglo XVI para su equipamiento museográfico en menos de un año, además de encargarse de su «perfecto estado de utilización, limpieza y estética». Pero más allá de estas responsabilidades, que Costas siempre ha desatendido hasta el punto de que la policía denunció en 2016 los desprendimientos en la torre, las principales dudas tienen que ver con los 30 años de la concesión, que impiden optar a fondos del 1,5 % cultural, con los que el consistorio cuenta para completar los 317.000 euros reservados en 2018 hasta alcanzar el millón en el que se ha estimado la puesta en valor de estos algo menos de 2.200 m2.

El concejal de Patrimonio, Pablo Abelleira (ADN Morvedre), defendió la decisión de aceptar la concesión y solicitar su ampliación a los 50 años, ya que «es una oportunidad para dignificar esta zona olvidada, donde lo único que se ha hecho, además de unas excavaciones arqueológicas, es depositar millones de toneladas de escoria de la siderurgia, cuando es un recurso al que se puede sacar un gran provecho».

Por su parte, el portavoz del PP, Sergio Muniesa, censuró que «el proyecto tiene demasiados quizás», como «las cuentas de la lechera» para su financiación. El popular señaló que la concesión «le traslada todo el riesgo al ayuntamiento y exonera a Costas, que se desentiende absolutamente, lo que supone una generosidad sin límites del cuatripartito, con dinero, eso sí, de todos los ciudadanos». Muniesa también señaló que el convenio firmado por el ayuntamiento con la Autoridad Portuaria de Valencia contemplaba que esta última se hiciera cargo de la puesta en valor del Grau Vell.

Mientras, Manuel González (IP) mostró su extrañeza en el gasto de 317.000 euros en un proyecto, cuya viabilidad «no sabemos», cuando «hay muchas cosas que están por acabar y son competencia municipal». En esta línea también se posicionó Raúl Castillo, quien reclamó sin éxito que se reiniciara el expediente para solicitar la concesión.