Los elementos de fibrocemento que se han detectado en las cerca de 20 parcelas que faltan por desalojar en la ribera canetera del delta del río Palància han provocado un nuevo retraso en el derribo del medio centenar de construcciones ilegales que se mantiene en pie, pese a la promesa de la Generalitat de demolerlas hace más de una década.

Con los trabajos ya adjudicados a la empresa Senda, una de las nueve que se presentaron al concurso, y el contrato rubricado por 92.500 euros, una reciente visita de los técnicos de la conselleria de Medio Ambiente y responsables de la firma madrileña sirvió para confirmar la presencia de placas y tubos de amianto, así que «aunque es poca cantidad, hay que esperar a que se apruebe el plan de retirada de este residuo», así que la estimación es que las máquinas entren en esta zona de 9.000 m2 a mediados de enero, según ha podido saber Levante-EMV.

Este impás se ha aprovechado para realizar las últimas notificaciones en dos casetas que «tienen enseres en buen estado y, por cortesía y para evitar problemas, se les ha reiterado la obligación de desalojar la parcela, aunque yo no era partidario de hacer este trámite, porque han tenido tiempo más que suficiente para hacerlo», según admite el alcalde de Canet d'En Berenguer, Leandro Benito.

Una vez que se resuelva la eliminación del fibrocemento, la empresa se ha comprometido a finalizar los trabajos en un plazo de tres meses, para lo cual la previsión es que se necesitan entre cinco y ocho trabajadores con 231 jornales y más de un centenar de jornadas con la necesidad de utilizar maquinaria.

Nueve años de espera

Si no surgen más contratiempos, la zona estará al fin despejada antes del próximo verano, después de que la Generalitat iniciara hace poco más de 9 años el expediente para la recuperación de este dominio público forestal. Sin embargo y resuelta la tramitación administrativa, la Asociación de Afectados por la Adecuación del Delta del Palància presentó un contencioso en el que reclamaba una compensación de 2 millones de euros, demanda que llevó al Consell a paralizar los derribos.

La sentencia dictada en el verano de 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana desestimó la pretensión de los propietarios y desbloqueó el proyecto, cuyo objetivo es «recuperar el bosque de ribera y las formaciones vegetales del delta, así como garantizar la seguridad de las personas al mejorar el drenaje y la capacidad hidráulica, lo que disminuye el riesgo de inundaciones», según se recoge en la documentación.

Actualmente, las construcciones, entre las que hay casetas, pozos, barbacoas, paelleros e incluso alguna piscina, están en la mayoría de casos abandonadas.