La intensa actividad del senador Carles Mulet (Compromís) ha permitido conocer la versión del Estado sobre la ayuda de un millón de euros a la reindustrialización en El Camp de Morvedre, que se introdujo a través de una enmienda en el presupuesto de 2016, pero que nunca se llegó a cobrar. Desde entonces, la exconcejala de Grandes Proyectos de Sagunt, Teresa Garcia, y el portavoz municipal de los populares, Sergio Muniesa, han ofrecido sus versiones sobre la pérdida de esa subvención, teorías que el Ministerio de Industria descarta en el primer caso y refuerza en el segundo, al señalar como culpable a la Generalitat.

Y es que la respuesta en el Senado empieza por reconocer la inclusión presupuestaria vía enmienda de una partida de un millón de euros, correspondiente al programa de reconversión y reindustrialización destinado a la Comunitat Valenciana para desarrollar un plan en El Camp de Morvedre. Precisa también que «la ejecución de este gasto debía instrumentarse a través de un convenio entre la Generalitat y el Ministerio, que recogiera todas las actuaciones que debían llevarse a cabo».

Pese a esa competencia autonómica, continúa el escrito, el ayuntamiento fue el que pidió información y asesoramiento al Ministerio para la ejecución de la ayuda, lo que motivó una reunión en la que se aclararon los términos técnicos, «insistiéndose particularmente en tres puntos importantes -añade la versión estatal-, que quien debía presentar el proyecto y recibir la ayuda era la Generalitat, que la finalidad del programa tenía que ser una inversión industrial y que urgentemente se le hiciera llegar el proyecto al Consell para tramitar la subvención».

Insisten desde Industria en que, además, se proporcionaron las líneas generales de los proyectos subvencionables y se encareció a los representantes del Ayuntamiento de Sagunt para que instasen a la Generalitat a presentar el proyecto, pero no fue hasta finales de junio cuando el consistorio envió un borrador de proyecto que pretendía tramitar a través de la Conselleria de Infraestructuras y que no recibió el visto bueno del Ministerio por no ser propiamente industrial.

Así, el ayuntamiento planteó otras posibilidades y presentó un nuevo proyecto a finales de julio, cuando ya se conocía, insisten desde el Ministerio, que el 8 de agosto se establecía como plazo límite para la tramitación de expedientes presupuestarios y documentos contables. Diez días antes de cumplirse ese límite, por fin la dirección general de Industria de la Generalitat remitió el proyecto, sobre el que desde Madrid se leindicaron los elementos necesarios y esenciales que faltaban, «referidos fundamentalmente a su propia implicación y en qué consistía el plan de reindustrialización».

Estos requerimientos no fueron respondidos desde la Generalitat hasta el mismo 8 de agosto, «siendo en ese momento de todo punto imposible tramitar ningún expediente de gasto por falta de tiempo material». Así «no es atribuible a la administración general del Estado la no ejecución de esta partida presupuestaria, ya que en todo momento actuó diligentemente», al tiempo que carga la responsabilidad en que «las actuaciones no fueron definidas por el receptor de la subvención, la Generalitat».

En esta respuesta en el Senado también se aclara que al tratarse de una actuación que debía acabarse en el año natural, la prórroga de los presupuestos para 2017 se dejó por el camino la subvención de un millón de euros para la reindustrialización de El Camp de Morvedre.