08 de diciembre de 2017
08.12.2017

Veinticinco familias piden quedarse en los pisos que ocuparon ilegalmente en la Coma

El Consell insta al desalojo en al menos siete casos mientras una asociación del barrio inicia una campaña para evitarlo

08.12.2017 | 09:31

«La Generalitat está incumpliendo el acuerdo con los vecinos y la situación es insostenible, ya que está generando problemas de ansiedad a las familias, algunas con hijos pequeños. Queremos luchar por nuestras viviendas y lo haremos hasta el final». Se llama Divina, tiene dos hijas y otro bebé en camino. Vive desde hace años de forma ilegal en la Coma, en una de las cientos de viviendas públicas ubicadas en el barrio paternero. La familia de la joven, al igual que otras 24, está al borde del desalojo por parte de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) por ocupación ilegal de los pisos.

El caso lo ha denunciado la Asociación Crecer en la Coma, que está recibiendo el respaldo de otros colectivos como la asociación de vecinos, Joves de la Coma, Fundación Secretariado Gitano, Cáritas y Fent Camí. Rosario Faet, presidenta de la asociación, explica que el EIGE pretende rehabilitar y adjudicar un buen número de viviendas del barrio. Se trata de un plan anunciado por la Conselleria de Vivienda con una inversión cercana a los dos millones de euros para reformar más de un centenar de pisos. Hasta el momento se han reparado medio centenar de viviendas, que ya están adjudicadas, otras catorce están en ejecución y veintitrés en valoración para su rehabilitación.

«El problema –critica Faet– es que muchas de las viviendas que pretende rehabilitar y adjudicar el EIGE, están ocupadas de forma ilegal por unas 25 familias, en situación de extrema pobreza, mujeres mayores enfermas y parejas muy jóvenes con bebés y criaturas pequeñas». Tanto su colectivo como otras entidades vecinales no entienden «por qué hay más de 200 viviendas deshabitadas por rehabilitar en la Coma, y el EIGE quiere comenzar a hacerlo por las que están ocupadas. Se quiere solucionar un problema creando otro de mayor gravedad», critican.

En este sentido, Faet recuerda que la Conselleria de Vivienda, mediante una resolución, «reconoció a estas familias el derecho a ser adjudicatarias de las viviendas que ocuparon (siempre y cuando lo hicieran antes del 1 de julio de 2015), pero para muchas de ellas este compromiso se está incumpliendo, y en lugar de recibir una carta de ofrecimiento, que abra el proceso administrativo regulado de la propia resolución, están recibiendo cartas referentes a procedimientos de desalojo». Así, la presidenta de Crecer en la Coma revela que siete familias «tienen ya abiertos expediente judicial –seis mediante contencioso y uno vía penal–, lo que significa que estas familias serán desalojadas con sus criaturas en los gélidos meses de diciembre y enero».


Fuera de la resolución de Vivienda

Desde el colectivo paternero indican que la resolución referente al derecho de las familias que ocuparon una casa antes del 1 de julio de 2015 abre dos frentes polémicos: «Qué ocurrirá con las familias que entraron ilegalmente en esas casas con posterioridad a esa fecha, y las que no puedan demostrar que lo hicieron en ese periodo».

Por este motivo, un grupo de mujeres afectadas se ha organizado con el apoyo de la asociación Crecer en la Coma, para tratar de frenar el desalojo y encontrar una solución. De hecho, se han reunido con Juanma Ramón, concejal de Políticas Inclusivas, y con Carles Martí, regidor de Urbanismo, para analizar la situación.

«Recientemente creamos junto con el EIGE una mesa de trabajo para incidir en la coordinación de las actuaciones en la Coma, y este caso concreto es una de las prioridades», explica Ramón. El edil señala que han pedido «la documentación de cada familia afectada para analizarla y poder acreditar que están en la fecha fuera de la resolución. Para todos ellos intentaremos buscar una regularización». Además, también quieren saber «cuál es el plan del EIGE para rehabilitar las casas y si hay viviendas vacías que puedan priorizar sobre esas y ganar tiempo para buscar una solución para las familias afectadas por el desalojo».

En este sentido, Rosario Faet sostiene que han emplazado a los afectados a acudir al Servicio de Orientación Jurídica y solicitar un abogado de oficio para sus procedimientos de desalojos y paralizarlos de manera temporal. «Así, ganarán unos meses de tiempo mientras esa mesa de trabajo negocia una solución para todos ellos», admite la presidenta de Crecer en la Coma. Además, piden que la resolución acepte las ocupaciones hasta su publicación (6 de abril de 2017) y no en julio de 2015.

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