29 de diciembre de 2017
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Sagunt salda su millonaria deuda con una firma vinculada a un imputado por la Gürtel

La justicia anuló la adjudicación de una parcela para viviendas en el Port y obligó al ayuntamiento a devolver su importe

01.01.2018 | 11:23
Zona donde se encuentra la parcela.

El Ayuntamiento de Sagunt ha dado luz verde al abono de casi 1,8 millones de euros a Nou Biourbanisme, tras perder la larga batalla judicial contra esta constructora vinculada a José Luis Ulibarri, empresario leonés imputado por corrupción en el marco de la trama Gürtel.

La condena a realizar este pago, que se hace efectivo después de la aprobación plenaria para echar mano al préstamo contratado este año, fue ratificada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, que desestimó el recurso municipal contra el primer fallo que obligaba al consistorio a devolver a la empresa el precio pagado, más los intereses, tras la adjudicación de la parcela de algo más de 5.000 metros cuadrados, en la que está programada la construcción de 82 viviendas.

El tribunal argumenta este último posicionamiento en que «la declaración de la nulidad de la adjudicación del contrato de ejecución de obras por sentencia firme produce la desaparición real de la controversia» y consecuentemente «en el presente caso se ha producido la pérdida del objeto» en el recurso de alzada.

Antes, en julio de 2014, el juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de València anuló la concesión de esta parcela, que se aprobó en 2008 a favor de la unión temporal de empresas (UTE) formada por Nou Biourbanismey Begar Construcciones y Contratas, relacionada también esta última con Ulibarri.

Esa sentencia culpaba a ambas partes de incumplir el contrato de enajenación, así que condenó al consistorio a pagar 1,9 millones, a cambio de recuperar la titularidad de los terrenos situados en el SUNP VI Este del Port de Sagunt. Pero este no fue el primer pronunciamiento judicial en este expediente, ya que, en 2010, otra sala de lo contencioso administrativo de València dio la razón a una empresa que había pujado por los terrenos. Esta sentencia declaró nulas dos de las cláusulas del pliego de condiciones, así como la adjudicación a favor de la UTE.


Burbuja inmobiliaria

El consistorio trató de superar este primer revés mediante la revaluación de las 14 ofertas sin tener en cuenta los criterios anulados, que de igual modo dio la mayor puntuación a Nou Biourbanisme y Begar. Sin embargo y en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria, las empresas manifestaron que habían perdido el interés en la parcela y no solo quisieron renunciar a la adjudicación, sino que reclamaron casi 3,6 millones de indemnización por daño emergente y lucro cesante.

Pero los enfrentamientos entre el Ayuntamiento de Sagunt y la UTE se iniciaron antes, cuando el incremento del precio determinado por un real decreto encareció los terrenos en 788.000 euros, que las constructoras pretendían repercutir en los compradores de las viviendas hasta que el consistorio se negó a aceptarlo.

Otro punto de conflicto entre ambas partes fue el retraso en las obras de urbanización de esta zona, ya que las empresas lo achacaron al ayuntamiento y lo señalaron como una de las causas para que el proyecto se aplazara durante 20 meses y viera pasar de largo la época dorada del ladrillo. El consistorio, por su parte, acusó a la UTE de incumplir sus obligaciones, al no abonar los 788.000 euros ni empezar la edificación en los plazos marcados, después de retomarse la urbanización.

Frente a este disputa, el juez consideró que ambas partes incumplieron el contrato, ya que el ayuntamiento provocó «de facto» la suspensión del acuerdo al imposibilitar el inicio de las obras durante «más de año y medio», mientras que las constructoras no consignaron la diferencia del precio de la parcela.

Esta corresponsabilidad se tradujo en un fallo que obligó a la UTE a entregar la parcela, la licencia de obras, los proyectos y la calificación provisional a favor del consistorio, que, por su parte, fue condenado a abonar lo ingresado por los terrenos, más los 86.000 euros que cobró por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), los 198.000 euros de los proyectos básico, de ejecución y de ingeniería, así como los 15.700 de la tasa de calificación provisional, a los que ahora hay que añadir los intereses.


Una veintena de ventas

Esta promoción de viviendas de protección pública despertó el interés en su momento de medio millar de personas, del que más de una veintena suscribió el contrato de compraventa. El inicio de la batalla judicial entre las constructoras y el consistorio obligó a rescindir estos acuerdos.

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