La patronal y los sindicatos del sector se muestran contrarios a la aplicación de una nuevo impuesto de residuos ,en concreto a la valorización energética, creado por Ley 21/2017, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

Su postura quedó bien clara en la reunión celebrada en València entre representantes de los sindicatos CCOO Construcción y Servicios y UGT-FICA, Federación de Industria, Construcción y Agró, con directivos de los dos grupos cementeros que operan en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de analizar las consecuencias para la industria cementera y para el empleo que puedan generar este nuevo impuesto.

El sector denuncia que establecer un mismo impuesto disuasorio a la valorización energética, equiparándola a la incineración o al depósito en vertedero, vulnera lo estipulado en la legislación estatal y comunitaria, donde se deja claro que la recuperación del valor energético del residuo es considerado una necesidad ambiental para avanzar en la economía circular que hemos de promover. A esto añadían que la valorización energética consistente en la sustitución parcial del combustible fósil habitual del sector, el coque de petróleo, por distintas tipologías de residuos no reciclables con recursos energéticos aprovechables, es una práctica avalada y potenciada por la Unión Europea que se lleva realizando con todas las garantías de salud ambiental, desde hace más de 20 años en España y 40 en Europa.

Tras lo expuesto, insistieron en que aplicar un impuesto a la valorización energética, cuando todavía se envían a vertederos más de la mitad de los residuos municipales generados en la Comunitat, llevará a un incremento todavía mayor de los desechos que se entierran en vertederos, contraviniendo la legislación europea. También alertan del peligroso «efecto frontera» que se podría generar con este impuesto, con la deslocalización de profesionales y empresas relacionadas con la gestión de residuos en la Comunitat, así como la pérdida de competitividad, por lo que han solicitado una reunión con el president de la Generalitat para abordar el tema.