El Ayuntamiento de Sagunt tratará hoy en el pleno la propuesta del concejal de Patrimonio Cultural, Pablo Abelleira, para inyectar otros 380.000 euros a la Fundación de Patrimonio Industrial. Ese es el agujero de esta entidad encargada de la gestión del Horno Alto, el Museo Industrial y los archivos de la antigua siderurgia, entre otros, que se encuentra también sumida en varios procesos judiciales como consecuencia de estas deudas.
El edil de ADN Morvedre desglosa en su moción los conceptos de estas obligaciones pendientes de pagar, entre las que destacan los cerca de 230.000 euros por las nóminas de los dos empleados que tiene la fundación. Del resto hay 75.000 euros de la Seguridad Social, 25.000 euros de Hacienda, 20.000 a los arquitectos que colaboraron en el Horno Alto, 2.000 euros de los encargados de pintar este monumento, a los que se ha unido, según señala Abelleira, los 30.000 euros que reclama en los juzgados el primer gestor de este organismo por sus labores de asesoría durante varios años.
Dentro de que esta es «una de las páginas más oscuras del gasto y la gestión públicas», que ha desembocado en la «quiebra e inactividad» de la fundación, Abelleira apunta que «cuando los patronos vieron que se hundía, todos abandonaron el barco, pero el ayuntamiento, que también tenía la opción de disolverla, no puedo hacer lo mismo».
En este sentido y después de comprobar que «nadie se hacía cargo de esta situación», como se demuestra en el hecho de que Lola Johnson siguiera siendo oficialmente la gerente pese a dejar la conselleria de Cultura en 2012, el concejal de ADN Morvedre tomó las riendas y empezó por negociar las deudas con la Seguridad Social y Hacienda, ya que, en caso contrario, se hubiera abierto un procedimiento de embargo.
Superado este problema, Abelleria justifica que «vamos a poner al día a la fundación -un punto en el que tiene el apoyo del resto del gobierno-, ahora que controlamos el patronato, pero eso no quita para que iniciemos una investigación para determinar la responsabilidad» de estos problemas económicos que se han traducido en el abandono de este organismo. A falta de que los técnicos elaboren informes en esa línea, el edil de Patrimonio Cultural señala como uno de los culpables al Protectorado de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, que depende de la conselleria de Justicia, ya que desde ahí es donde se debería haber hecho un seguimiento de la fundación industrial.
4 millones invertidos
Pero la reclamación municipal no se limitará a los 380.000 euros que ahora inyectará el ayuntamiento, sino que incluirá la inversión municipal en este colectivo a lo largo de los últimos ejercicios. A este respecto, Abelleira explica que el consistorio «ha invertido cerca de 4 millones de euros en esta fundación, como los 800.000 euros en subvenciones, arquitectos o traslados del archivo o los 2,5 millones para el Museo Industrial, entre los arreglos de la cubierta y el Plan Confianza».
