El Ayuntamiento de Torres Torres procedió ayer mismo al precintado de la antigua fábrica de carbón, donde la Fiscalía Provincial de València ha denunciado la presencia de residuos de amianto. El alcalde del municipio de La Baronia, Rafa Gil, explica a Levante-EMV que «lo que ha pasado es que se ha caído el techo, así que hemos señalizado la zona», que «se encuentra muy apartada del núcleo urbano», añade.
Esta medida no es la única exigida desde la Fiscalía, concretamente la sección de la contencioso, que ha reclamado al ayuntamiento que incoe un procedimiento de seguridad y salubridad urbanística contra el propietario de la parcela «por incumplimiento del deber legal de mantener los terrenos, construcciones y edificios en condiciones».
En una denuncia que se ha extendido a Bunyol y Vilamarxant por casos muy similares, en Torres Torres se detectaron «acopios abandonados de fibrocemento fragmentado». Este tipo de material «conlleva la presencia de fibras respirables de amianto susceptibles de afectar a quienes transiten por los terrenos o sus inmediaciones», según un informe emitido por el laboratorio de ecotoxicología del Instituto de Medicina Legal de València.
Este estudio también señala que «las estructuras de fibrocemento constituyen un residuo peculiar que cuando está fragmentado o en mal estado pasa a considerarse friable, es decir, susceptible de descomponerse, fomentando la liberación de fibras de asbesto. Algunos efectos de la exposición a este amianto por inhalación son asbestosis, placas, engrosamientos y derrames pleurales, cáncer de pulmón, cáncer de laringe y otros tumores malignos».
Además de advertir que la retirada y tratamiento de este material debe realizar a través de una empresa especializada, este expediente también ha llegado a la Conselleria de Medio Ambiente, a quien la Fiscalía insta a abrir un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental por estos vertidos contra el propietario del terreno para definir las medidas de reparación y prevención de nuevos daños.
En caso de incumplir estos requerimientos, el ministerio público pide a la conselleria a que realice una ejecución forzosa con imposición de multas coercitivas en caso de retraso, así como recuperación de costes.
