El Ayuntamiento de Sagunt ha solicitado a la Tesorería General de la Seguridad Social (SS) que modifique la inscripción de los 63 trabajadores del pasado Plan de Empleo Municipal que fueron dados de alta en el régimen especial agrario. Esta modalidad impedía a algunos de ellos acceder a los subsidios por desempleo. Por este motivo, la Sociedad Anónima de Gestión, empresa municipal que gestionó su contratación, ha solicitado a la Seguridad Social que revisé su situación y pase estas cotizaciones al régimen general.
Este cambio tendrá un coste aproximado de 130.000 euros. Esta cantidad incluirá la diferencia del coste del régimen general, más gravoso que el régimen especial agrario, pero también una penalización del 20 % que el ayuntamiento debe asumir para regularizar la situación de estos trabajadores fuera de plazo.
La propuesta, tras ser aprobada por el consejo de administración de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), les fue comunicada ayer a los afectados en una reunión que mantuvieron con el alcalde Quico Fernández y la concejal delegada de la empresa pública, Roser Maestro.
Esta alternativa se había planteado ya en la reunión del consejo de administración de la pasada semana. Sin embargo, el acuerdo no se ha hecho efectivo hasta el consejo de la SAG de esta semana en que se contado con los informes jurídicos para realizar la petición.
Polémica
Esta retraso se vio envuelto en la polémica al denunciarse desde CC OO el incumplimiento del compromiso. El alcalde señalaba ayer que con este acuerdo, que comunicó personalmente a los afectados, queda patente lo injustificado de la controversia, al tiempo que destaca la unanimidad que existía entre todos los grupos para corregir esta situación.
El conflicto estuvo provocado por la adscripción en regímenes distintos de la Seguridad Social al colectivo de 107 personas que fueron contratadas por el ayuntamiento a través de la SAG. El programa pretendía garantizar que las personas seleccionadas tuvieran después la posibilidad de acogerse al menos al subsidio por desempleo, motivo por el que se realizaron los contratos por seis meses. Sin embargo, una vez finalizado el plan se detectó que una parte de los participantes adscritos al régimen especial agrario no podían acceder a ese subsidio.
La edil Roser Maestro destacaba que con este acuerdo se subsanan los errores existentes.
