La singularidad del caso del Malecón de Menera del Port, que mantiene una causa abierta en el juzgado por la reclamación de más de 100 millones de su propietario a cambio de la expropiación por parte del Ayuntamiento de Sagunt, llama la atención más allá de las fronteras comarcales. Y es que una de las asociaciones constituidas desde hace décadas entre afectados por las sucesivas Leyes de Costas, han reconocido que, entre los cientos de conflictos, el del Malecón de Menera resulta «extraño» y «curioso».
Así se lo reconocen estas fuentes a Levante-EMV, además de señalar concretamente como lo más extraordinario de este expediente que la sentencia de la Audiencia Provincial, que en 2010 decretó la titularidad privada de esta finca de cerca de 67.000 m2 en primera línea de playa, dijera que la Ley de Costas no puede ser aplicada con retroactividad, «cuando existen miles de fallos judiciales que dictan todo lo contrario. Ese es el motivo -añaden- que se incluyera una disposición transitoria para indemnizar a los propietarios en estos casos con una concesión».
En este sentido y después de aquella sentencia que dio un vuelco al conflicto después de sucesivas derrotas de la empresa, desde el colectivo de afectados añaden que «lo normal es que Costas hubiera recurrido, porque no puede desistir de la defensa de los bienes de dominio público marítimo terrestre. De hecho, a los propietarios más pequeños nos suele tener 20 años pleiteando. ¿Como es que con el Malecón se ha rendido tan pronto?», se preguntan.
Además de apuntar que «en lugar de la Ley de Costas se debería llamar la Ley del Depende, porque depende para quien y para que», estas fuentes añaden que «habría que saber si alguien ha investigado si los terrenos en letigio son de la concesión de 1902 o la de 1974 que se anuló en 1989 e incluso donde están los planos de una y otra».
Desde el colectivo de afectados también se señala que «hay montones de ejemplos como el Malecón de Menera, en los que terrenos ganados al mar se convierten en privados, pero, en el resto de casos, se hizo un nuevo deslinde y se les otorgó la concesión para los usos que tuvieran en 1988».
Sentencia civil
Pero las voces que señalan estos terrenos en el Port de Sagunt como un caso único en la historia de la Ley de Costas son muchas. Sin ir más lejos, el alcalde, Quico Fernández, reconocía hace unos días que «esperamos que los juzgados acaben dictando en el sentido que dice la ley, que es que la delimitación del dominio marítimo terrestre se tiene que justificar con datos que reconozcan el carácter físico y que no puede ser una sentencia civil de propiedad privada la que determine esta delimitación».
El nacionalista añadía también que «Costas ha dado como buena una propiedad privada en el ámbito de lo civil para hacer una nueva delimitación de nuestra costa, un hecho absolutamente singular y que genera graves perjuicios a nuestra ciudad», según se lamentaba Fernández.
