El Ayuntamiento de Sagunt ya ha hecho efectivo el pago de los 30.000 euros de multa impuesta por la Generalitat Valenciana por la suelta de patos vivos en 2014 durante las cucañas de las fiestas patronales del Port. El alcalde, Quico Fernández, confiesa a Levante-EMV que «hemos abonado la sanción para evitar que sumara intereses».
El nacionalista, que tomó la decisión en 2015, el primero con la vara municipal de mando, de no autorizar este evento, también explica que «hemos presentado un recurso de reposición contra la sanción, pero los servicios jurídicos ya nos han advertido que no tenemos muchas opciones de ganar». Y es que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias consideró la celebración del acto como una infracción «muy grave».
Esta multa, según Fernández, es solo la segunda que el consistorio hace efectiva, pese a los reiterados expedientes sancionadores que han recaído a lo largo de la última década sobre la suelta de patos. El alcalde asegura que, de las dos sanciones de 45.000 euros que se impusieron entre 2006 y 2007, solo se abonó una.
A partir de esos años, la siguiente infracción se remonta a 2011, cuando se abrió un expediente con una propuesta de multa de 30.000 euros., que «quedó sin efecto después de que se atendiera el recurso del ayuntamiento, que luego recurrió la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba) y que todavía está pendiente», según Fernández.
Expedientes por resolver
El siguiente año también está todavía por resolverse, mientras que de 2013 «se nos eximió de responsabilidad», aunque también tiene todavía que dar respuesta al recurso extraordinario presentado por el colectivo animalista, después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ratificara hace unos meses la postura de Anpba.
Esta asociación fue la que inició la batalla administrativa contra la suelta de patos vivos en el Port de Sagunt hace ya más de una década, bajo el argumento del maltrato al que eran sometidos los animales durante las cucañas. Tanto los tribunales como las consiguientes resoluciones de la Generalitat han respaldado sucesivamente a este colectivo, que ha seguido adelante con todos los procedimientos pese a reconocer el avance que supuso no autorizar la suelta a partir de 2015.
