Las macrocausas por corrupción están obligando a la justicia a tomar medidas de refuerzo en Sagunt. Dos son los juzgados inmersos en estos largos y complejos procesos. Se trata de los juzgados de instrucción número 2, encargado de las investigaciones por el caso Avialsa en la que están implicado, entre otros, el ex conseller Serafín Castellano y el ex alcalde de Quartell Francisco Huguet, y el número 4, responsable de la Operación Flotador que investiga las presuntas irreguralidades cometidas en Sagunt durante la alcaldía del popular Alfredo Castelló.
En este sentido, la comisión permanente del Consejo Superior del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado de marzo prorrogar al titular del juzgado de instrucción número 1 de Sagunt, Julián Ángel González Sánchez, como juez de refuerzo en el juzgado de instrucción número 2, cuyo responsable, el magistrado Héctor Ignacio Santamaría Ara se encuentra centrado exclusivamente en las investigaciones del caso Avialsa.
Y es que la complejidad acabó por absorber el trabajo de Santamaría en un juzgado ya de por sí desbordado de expedientes. De hecho, en junio de 2016 el CGPJ admitía que la magnitud de este proceso estaba obligando al magistrado a relegar su dedicación al resto de asuntos. Así, según el máximo órgano judicial, si el exceso de procedimientos obligó al juez de Sagunt a realizar una dedicación del 119% en 2014, al año siguiente se situaría en el 96% y en 2016 caería al 22,1%.
Según el CGPJ «este menor rendimiento es consecuencia de haberse dedicado a la tramitación de la macrocausa», que arrancaba en mayo de 2015 tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Por ello acordaba designar a González Sánchez como juez de refuerzo, de forma que este, además de sus funciones en el juzgado de instrucción número 1, asumierá también el resto de asuntos del juzgado número 2, de forma que Héctor Ignacio Santamaria Ara pueda dedicarse «en exclusiva» a la causa por corrupción.
Una situación similar ocurre en el juzgado número 4, cuya titular, la magistrada Concepción Rut Monzó Martínez, tramita la causa por la conocida como Operación Flotador. En este caso, el CGPJ optó por enviar como refuerzo a este juzgado de Sagunt a la jueza sustituta Anna Blasco Soler que se mantendría hasta su cese el pasado 6 de abril. Sin embargo, Monzó reclamó que se mantuviera ese refuerzo, una petición respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que se mostró favorable a prorrogarlo al menos seis meses más.
En el caso del juzgado número 4, el CGPJ también acordó su refuerzo con un funcionario del Cuerpo de Tramitación «con experiencia y formación suficiente» y con medios materiales como un escáner.
La justicia saturada de trabajo en la ciudad
Las causas por corrupción han puesto una vez más de relieve la acumulación de trabajo en los juzgados de Sagunt. De hecho, Jueces para la Democracia pide que se abra un sexto juzgado.
