«Si la desaladora entrara en funcionamiento, los vecinos tendrían que pagar más de 60 millones de euros y el precio del agua se incrementara un 50 %». Con estas palabras alerta el portavoz del PP, Sergio Muniesa, de los riesgos que corre Sagunt si se aplicara el convenio firmado en su día por el Ministerio de Medio Ambiente y el ayuntamiento sobre los costes de amortización de esta planta, lista desde hace años para producir agua, pero que sigue sin hacerlo.

En este sentido, el exalcalde ha reclamado a su sucesor con la vara de mando, Quico Fernández, que «trabaje para que no se aplique el convenio de la desaladora que se aprobó siendo el concejal de Urbanismo y supone una ruina para la ciudad». Muniesa insiste en que el cuatripartito tuvo la oportunidad de hacer algo durante la tramitación del plan hidrológico del Júcar, cuando «no recurrió la sustitución del caudal del metro cúbico por agua procedente de la desaladora, una chapuza hídrica que ahogará a nuestras empresas con más costes productivos que minarán su competitividad».

El popular se refiere a esta cuestión después de que el alcalde garantizara esta semana el suministro de agua de calidad a todas las empresas que están o tiene previsto instalarse en Parc Sagunt. «Habrá que recordarle que el agua está garantizada desde mucho antes de que ocupara el puesto de alcalde, gracias al metro cúbico por segundo que tiene concedida por ley nuestra ciudad y del que queda disponible casi las dos terceras partes y desde luego a un precio mucho más bajo que la desalada y eso es lo que hay que defender».

Muniesa considera «imperdonable», que el gobierno local «callen frente a la Generalitat que exige ahora la puesta en marcha de las desaladoras, lo que para Sagunto supone ir en contra de los intereses de la ciudad».