Por más que se empeñen las instituciones o asociaciones de cualquier tipo en entorpecer la marcha del mundo del motor, hay que reconocer que lo tienen muy complicado. A pesar de la lluvia de impuestos —algunos únicos en Europa— o de padecer la mayor persecución punitiva que se recuerda en la historia, el automóvil sigue su andadura como si no fuera nada con él. Se adapta a la situación como si de una ameba se tratara, y sigue proliferando pase lo que pase. Que la situación económica es catastrófica, pues los fabricantes rebajan sus precios y ofrecen todo tipo de ayudas a la financiación para que no decaiga. Que la Inspección Técnica de Vehículos —ITV— obligatoria es la más cara de toda España en nuestra Comunitat, pues nos desplazamos a otra que cuesta la mitad y santas pascuas. Que las autopistas de peaje son muy caras, pues nos vamos por la carretera nacional de toda la vida aunque esté hecha unos zorros, y así contribuimos a que desciendan los beneficios de las empresas adjudicatarias —que, por cierto, se han puesto las botas— un 20%. Y es que lo que era un auténtico chollo para los constructores, hoy se ha convertido en ruina, hasta el punto de abandonar por problemas financieros proyectos importantes empresas como Cyes, Lubasa, Rover Alcisa u otras. Pero qué podemos esperar de una sociedad que sanciona a un agente de Tráfico por denunciar el mal estado de algunas carreteras, o que se le dé el dinero de las multas a los buenos conductores, como ha hecho el Ayuntamiento de Puigcerdá. Y que nos parece muy bien, siempre y cuando no haya puntos negros que solventar en su municipio. Cuando el máximo dirigente de la regulación en el tráfico, Pere Navarro, le pide al que se le acerca con un plan de perfeccionamiento en la conducción que lo esconda, ya que es más caro que otras soluciones —sanciones a mansalva—, es obstinado y terco también.