La adaptación de las normas y costumbres para la sociedad es de vital importancia a la hora de establecer las leyes que regirán el día a día de los ciudadanos. Todos estamos muy concienciados con los consabidos límites de velocidad, que parecen ser la panacea de todos los problemas gubernamentales a nivel de víctimas en el asfalto, pero no son más que un paño caliente del verdadero problema que nos acecha. Meter a media España en la cárcel -si es que amplían las instalaciones penitenciarias- por sobrepasar unos límites de velocidad establecidos por los burócratas de turno puede ser un dislate importante y de graves repercusiones. Porque ¿qué sociedad va a entender que se prive de libertad al que supere unos kilómetros por hora la velocidad establecida en un determinado lugar, cuando andan por ahí libres de polvo y paja auténticos asesinos, violadores, chorizos, o simplemente ladrones de guante blanco Circular con un vehículo a 120 kilómetros por hora hace 30 años supondría, dados los adelantos habidos en materia de automoción en ese período, alcanzar los 200 km/hora en una vía sin sanción. Vamos, lo que ocurre en Alemania, que casualmente es el país de menor índice de muertos en accidentes de circulación, y donde el exceso de velocidad es una mera anécdota en la estadística. La luz verde dada por el Gobierno -con el consenso alcanzado por los parlamentarios durante la tramitación de esta iniciativa- para que la ley se aplique de manera implacable con los rápidos al volante es el fiel reflejo de unos gobernantes que no tienen la menor idea de la realidad automovilística, a excepción de ir en el asiento trasero del coche oficial o de buscar un descuento para el cochecito del hijo o del amiguete. La adecuación de la velocidad al momento y circunstancia es el factor determinante de la peligrosidad, y por lo tanto la única razón legal para el castigo.
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