EDITORIAL
Pocas horas después de que una joven rumana que vive de rebuscar entre la basura diera a luz a una niña en una finca en ruinas de Valencia, el presidente de su país de origen, Traian Basescu, clamaba en Madrid que no consentirá que ningún país de la Unión Europea trate a los rumanos como inmigrantes pasando por alto que son miembros de pleno derecho de la organización.
La declaración de Basescu parece más una queja que un aviso. Al margen de lo que los documentos oficiales de la adhesión de Rumanía a la Unión Europea establezcan, los naturales de ese país son tratados en España con demasiada frecuencia como extraños, más cerca de subsaharianos o magrebíes que de italianos, franceses o alemanes. Si es cierto que nadie debe ser discriminado por su lugar de origen o nacimiento, también lo es que la Unión Europea es una organización económica, política... y social, que está comprometida con el desarrollo de los países miembros y de sus respectivas poblaciones. Y estas premisas se cumplen con intensidad desigual. Castelló, por ejemplo, ha acogido a miles de ciudadanos rumanos que se han integrado en los últimos años en el tejido económico de la provincia, una situación que se reproduce también en Valencia. Y junto a esta incardinación hay bolsas de pobreza que no se combaten por parte de las instituciones y de la sociedad en su conjunto con la intensidad que merecen unos ciudadanos europeos de pleno derecho.