Dado que la Ley de la memoria histórica no contempla la condena jurídica de la dictadura, no anula los juicios sumarísimos, no reconoce jurídicamente a la resistencia guerrillera antifranquista y sus hacedores persisten en subvencionar desenterramientos masivos sin ninguna presencia judicial, como guerrilleros antifranquistas y familiares nos vemos obligados a comunicar que:
1. Habiendo formado parte del ejército guerrillero que mantuvo en jaque a las fuerzas de la represión hasta los últimos momentos en pro de la legalidad republicana, y siendo compañeros de los que quedaron asesinados y silenciados en ese camino, nuestra voz es contraria a los desenterramientos ilegales por constituir un secuestro de pruebas, absolutamente imprescindibles para juzgar el período franquista.
2. Los crímenes franquistas, dirigidos con especial ensañamiento a la resistencia y a la guerrilla, no prescriben nunca y que por ello todo lo que constituya un secuestro de pruebas de aquellos crímenes, hace cómplices a quienes contribuyan a ello.
3. Entendiendo el dolor de los familiares y respaldando su sentimiento moral, anteponemos la dignidad de la lucha que llevó a nuestros compañeros a la muerte y los que quedamos con vida a la ignominia de no ser reconocidos jurídicamente por el sistema democrático. Es por ello que mientras nos quede un hálito de vida, seguiremos luchando para que se conozca la verdad, se haga justicia y se otorgue la reparación.
4. Las instituciones que gobiernan, empezando por el Congreso de los Diputados y terminando por los ayuntamientos, pueden intentar seguir practicando el abuso de poder y seguir adelante con el secuestro de pruebas, pero eso no impide que sean cómplices del delito y que algún día sean juzgados por él.
5. El caso de la fosa común de Benagéber, como otras fosas donde hay enterrados guerrilleros, están siendo objeto y punto de mira de grupos de desenterradores que actúan en connivencia con instituciones públicas, pagados con dinero público y apoyados por subvenciones de la Vicepresidencia del Gobierno. Por ello nos hacemos la siguiente pregunta: si los crímenes contra la humanidad no prescriben, si el Estado español está obligado por una serie de normas de derecho internacional, de derecho europeo y otras derivadas del propio sistema convencional de la ONU, todas aplicables en derecho interno, que prohíben la comisión de crímenes contra la humanidad y ordenan perentoriamente su persecución y si, además, constituye delito actuar al margen de la legislación para este tipo de crímenes ¿Está impulsando el Gobierno a través de la Ley de la memoria el secuestro y destrucción de las pruebas ante un crimen, sufragando estas actividades con dinero público mediante subvenciones, en cuya reglamentación se impide todo gasto dedicado a procedimientos judiciales y provocando como consecuencia la manipulación de los sentimientos entre las víctimas y fomentando e impidiendo cerrar las heridas con dignidad?
[Firman también Amada Martínez "Rosita", Angelita Martínez, José Murillo "Comandante Ríos", Francisco Martínez "Quico", Jesús de Cos "Pablo", Gerardo Antón "Pinto", Camilo de Dios Fernández, Antonio Pérez, Consuelo Rodríguez, Gumersindo Seigido, Sebastiana Ortega y Emilia Pérez]
