Políticos bajo sospecha

Andrés H. de Sá

Las portadas de los periódicos de ayer eran preocupantes, cuando no daban ganas de llorar.?Por un lado, el TSJ investigando al presidente Francisco Camps, al secretario general de PP valenciano, Ricardo Costa, al ex vicepresidente Víctor Campos y a otro ex alto cargo por un presunto delito de cohecho. Por otro lado, el alcalde de Elx y vicesecretario general del PSPV, Alejandro Soler, declarando ante un juez por el pago con fondos públicos de ese ayuntamiento actos electorales del partido.
Se trata de dos noticias que arrojan nuevas sombras de sospecha sobre una clase política que en su mayoría actúa con honradez. Sin embargo, casos como los mencionados, o las impu­taciones judiciales de otros destacados cargos, como el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, ponen a toda la clase política en la picota, con el riesgo de que la ciudadanía termine por pensar que todos los políticos son iguales, cuando no es cierto.
Por eso, el viejo adagio de que la mujer del César no sólo ha ser honrada, sino parecerlo, es una de las máximas de la acción política. Y aquí se vulnera demasiado a menudo. Y en esta ocasión desde las más altas instancias de los dos principales partidos de la Comunitat.
La situación no es sostenible, ni en el tiempo ni en las formas. Todos los afectados deberían reflexionar sobre el efecto que tiene en las instituciones su opción de mantenerse en sus cargos pese a las investigaciones judiciales en marcha. La defensa del buen nombre de esas instituciones a las que representan es más difícil mientras ellos emplean sus esfuerzos en su defensa personal. Por eso, resultan más chocantes los casos en que se producen dimisiones —voluntarias o forzadas— en contraste con casos de mayor trascendencia por la personalidad de los implicados, en los que ni siquiera se atisba un amago de retirada para no perjudicar de forma irremediable aquello que se dice defender.